Durango fue evaluado en un nivel intermedio de satisfacción según el Semáforo Anticorrupción que plantea el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) tanto en la creación de la Reforma Constitucional como en la Ley General.

En el caso de la Reforma Constitucional, los puntos cuya evaluación es negativa es en el caso del Comité Coordinador, mientras que el otorgar facultades de fiscalización a los órganos de control entre los que se cuenta la Secretaría de la Contraloría y definir el régimen para la Procuraduría General del Estado, con miras a una verdadera autonomía del ejecutivo aparecen en ámbar.

El resto de los siete puntos que evalúa el IMCO en cuanto a la Reforma aparecen en verde, en ellos se incluyen la creación de una Fiscalía Anticorrupción y el que sea obligatorio para funcionarios y servidores públicos la presentación de su declaración patrimonial, de intereses y fiscal.

En el caso de la Ley General, Durango aparece con un avance del 80 por ciento con una ley regular debido a que dicho sistema no se integra de forma adecuada, además de que no se contempla al Sistema Nacional de Fiscalización en la Ley estatal y que las obligaciones y directrices de la Entidad Estatal de Fiscalización y de la Secretaría de Control Interno o no se establecieron o no fueron diseñadas.

Además, en la legislación local no se establece el supuesto de que uno de los miembros del sistema estatal sea miembro del Sistema Nacional

La única medición en ámbar que da el semáforo a la Ley es el hecho de que si bien se cuenta con un sistema de información este es demasiado complejo y su trabajo resulta un obstáculo más que una herramienta a favor.

Los miembros de la LXVII legislatura se han planteado la necesidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones, toda vez que el periodo regular concluye este próximo miércoles 31 de mayo.