La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recomendó a la Secretaría de la Marina (Semar) y al gobierno estatal de Durango reparar integralmente el daño a las tres personas agraviadas bajo el ejercicio de la tortura.

Y es que tres policías municipales de Durango fueron detenidos arbitrariamente, retenidos ilegalmente y torturados por elementos de la Marina en 2013, según la CNDH.

Los marinos y personal de la Dirección General Estatal los golpearon e interrogaron sobre un secuestro y la muerte de dos personas sin que tuvieran calidad de probables responsables.

Posterior a ello fueron entregados a la autoridad ministerial que consintió actos de tortura en su contra antes de que fueran internados en el Centro de Reinserción Social de Durango.

En ese sentido la recomendación emitida va dirigida a José Rafael Ojeda Durán y al gobernador José Rosas Aispuro Torres.

En la recomendación 74/2018 que el organismo dirige a autoridades federales y estatales denuncia también que se entorpeció la investigación relativa a las lesiones que presentaban las víctimas.

El organismo autónomo advirtió que carece de competencia para conocer los asuntos jurisdiccionales promovidos por las víctimas y por los probables responsables, por lo que sólo se refiere a las violaciones a derechos humanos.

La CNDH acreditó que el personal naval no actuó bajo los principios de legalidad al omitir poner a los agraviados de manera inmediata a disposición de la autoridad ministerial y realizar actos de investigación sin su instrucción.