De acuerdo con el Índice de Transparencia, Anticorrupción y Opacidad Cero (TAI) 2017, Durango ocupa el lugar ocho de las 10 entidades más corruptas del país y el cuarto en la tabla de estados con mayor índice de opacidad.

Esto, coloca a la entidad como uno de los cinco estados peor evaluados a nivel nacional en estos indicadores, según las organizaciones Impunidad Cero y Transparencia Mexicana, mientras que los otros cuatro son Chihuahua, Sinaloa, Querétaro y Morelos.

Ante dichos indicadores, el mensaje del presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción (SLA), Mauricio Fernández Godínez, el pasado 9 de noviembre, Día Internacional contra la Corrupción fue claro: “el nombramiento del fiscal anticorrupción en Durango es un asunto urgente”.

El llamado quedó en el aire, pues seis días después, el Congreso del Estado culminó su periodo ordinario de sesiones sin recibir una segunda propuesta del Ejecutivo estatal, José Rosas Aispuro Torres de un candidato a ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, último engranaje del Sistema Local Anticorrupción (SLA).

“En Durango estamos esperando al fiscal anticorrupción, que sea nombrado y que de alguna manera podamos ya tener un sistema local completo, aunque seguimos trabajando junto con todos los miembros del Consejo Coordinador y los miembros del Consejo de Participación Ciudadana”, enfantizó Fernandez Gondines.

Sin una Fiscalía Especializada, conformada como quedó asentado en la Reforma Constitucional que dio pie al SLA, las acciones del resto de los miembros quedan en buenas intenciones, puesto que es la fiscalía la responsable de investigar los actos de corrupción en la entidad.

Luego que Héctor García Rodríguez fuera rechazado por el Congreso local, el 18 de julio, como primer fiscal anticorrupción en la historia de Durango, el gobernador no ha mandado su segunda propuesta.

García Rodríguez interpuso un recurso de amparo bajo el argumento de que los miembros de la LXVII legislatura rechazaron su perfil sin que hubiera una causa justificable, es decir, que a pesar de que cumplía los requisitos expuestos en la legislación tres de los cinco miembros de la Comisión de Justicia rechazaron la propuesta, dictamen que fue ratificado en el pleno.

Luego, el gobernador Aispuro Torres anunció que no se enviaría una segunda propuesta hasta que no se resolviera el recurso de amparo interpuesto por el candidato fallido.

Hasta el 30 de noviembre, Aispuro Torres afirmó que analizaba las opciones ante posibles candidatos, pero no hubo ningún compromiso en torno a una candidatura antes de que concluyera el periodo ordinario de sesiones en el Congreso.

La ex presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Maité Vivó Prieto criticó que la ausencia de una Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción cuando menos influye en el ánimo de los ciudadanos en torno a interponer denuncias sobre delitos de corrupción en el estado.

Congreso atado de manos

La legislación local, estableció una especie de candado al determinar que el Ejecutivo tendrá dos oportunidades para enviar candidato a la Fiscalía Especializada. En caso de que ninguna de las dos tenga un trámite positivo entonces será el propio Congreso del Estado quien envíe la propuesta.

Sin embargo, la falta de una segunda propuesta deja al Legislativo sin la posibilidad de dar trámite al candado.

Antecedentes

El SLA entró en vigor en esta entidad el pasado 18 de julio, luego que a nivel nacional el 21 de abril de 2015, el Senado de la República aprobara con 97 votos a favor la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que ayude a disminuir los 1.5 billones de pesos que se pierden anualmente entre “moches” y “mordidas”.

La propuesta de un mecanismo que combata la corrupción en el país, proviene de la crisis de gobernabilidad que provocó la desaparición, el 26 de septiembre de 2014, de 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ubicada en Iguala, Guerrero y la publicación de un reportaje denominado La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto en la que se daba cuenta de un presunto conflicto de interés entre la Constructora Higa y el Gobierno federal.

Para el 20 de octubre de 2014, el Partido Acción Nacional (PAN), ya con miras en 2018, propuso la creación de un sistema formado por un Consejo Nacional y un Consejo Ciudadano en el que además se fortalecieran las facultades de la Secretaría de la Función Pública (SFC) y se crearan dos órganos para auditar los recursos públicos.

Con modificaciones, pero ya como Sistema Nacional se aprobó el 21 de abril de 2015, sin embargo, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción se aprobó hasta el 15 de junio de 2016, dos años de trabajo legislativo se establecieron para que todas las autoridades que de alguna manera formen parte del combate a la corrupción en México formarán parte del SNA.

A nivel nacional, igual que sucede en el ámbito local, el Sistema está presidido por un miembro del Comité de Participación Ciudadana, el cual está conformado enteramente por personas de la sociedad civil.

Se creó un Sistema Nacional de Fiscalización, que tiene espejos en todas las entidades de la República y el cual tendrá un listado de todos los servidores que intervienen en los procesos de licitación y asignación de obra, así como de contrataciones.

En la Ley General del SNA se contempla además la creación de una Secretaría Ejecutiva, encargada del ámbito administrativo del Sistema y la integración de un Comité de Coordinación que permita la regulación de los organismos anticorrupción a nivel local.

La joya de la corona fue la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción que tiene facultad para ejercer al menos 20 funciones para investigar actos de corrupción en México.

Entre las funciones, están solicitar información de cualquier índole a autoridades de los tres niveles de gobierno en el ámbito nacional e incluso a nivel internacional. Solicitar información a entidades económicas, ejercer la facultad de atracción derivadas de posibles actos de corrupción, solicitar medidas precautorias a un juez y formular acusaciones.