El delegado de la Red de Profesionales en Seguridad Pública, José Antonio Serrano González señaló que la entrada en vigor de la Ley General de Tortura podría derivar en responsabilidad penal no solo para los elementos que incurran en este delito sino también para sus jefes directos e incluso los alcaldes o gobernadores como autoridades superiores.

Ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes aprobada el pasado 27 de de abril contempla que la tortura se investiga y se persigue de oficio.

Además la Ley que entra en vigor a nivel nacional en 150 días a partir de su publicación en el Diario Oficial “contempla también la tentativa, el grado de tentativa, no es necesario que se consume el hecho, se persigue de oficio e implica responsabilidad jerárquica”.

El presidente de la comisión de Seguridad en el Congreso del estad, el diputado José Antonio Ochoa reconoció que deberá encontrarse un mecanismo para investigar este delito, toda vez que las autoridades serán juez y parte en las acusaciones.

Debido a que no es el ámbito de su competencia, el delegado explicó que debe ser un abogado quien determine si la entrada en vigor de esta ley marcará la pauta para la excarcelación de detenidos cuyos procesos están viciados por las acusaciones de tortura.