Cuando la Unidad Minera Roble, de la Industria Peñoles se instaló en la comunidad de Velardeña, perteneciente al municipio de Cuencamé, la promesa fue que llevaría progreso para los habitantes, sin embargo, actualmente mantiene un acoso en la mayor parte de la población, solo el 10 por ciento de los habitantes tienen trabajo y el Gobierno del Estado se deslinda de la situación.

Hace tres años, la instalación de la minera generaba principalmente expectativas laborales, pero ahora es distinto, solo el 10 por ciento de los trabajadores de la empresa son de la comunidad, los daños provocados por las operaciones del yacimiento empiezan a notarse en las estructuras de las viviendas y el agua potable se ha contaminado.

La denuncia viene de María Martínez Cuevas, quien vive en dicha comunidad. Inicia su relato con voz pausada y explica que el primer agravio es que los habitantes de la comunidad son rechazados para trabajar en la empresa, pues prefiere llevar personal de Torreón, Coahuila, porque para ellos, el pago es menor por su falta de experiencia.

“Nos van a dejar el puro veneno, sabemos que la Iglesia se cayó por los barrenos, pero tenemos miedo”, ese miedo, dijo, incluye a los trabajadores y sus familias porque la mina es el único sostén de la región.

El problema con la comunidad inició a mediados de noviembre de 2016 con la destitución de Jesús Antonio Morones Aguilar de la representación sindical. El propio Jesús explica que su desacuerdo con las políticas de la empresa derivó en una acusación por un presunto desvío de recursos del sindicato.

A pesar que la irregularidad no fue acreditada, la empresa decidió despedirlo al argumentar que su contrato colectivo de trabajo está firmado con el Sindicato Nacional Minero Metalúrgico, y a partir de ahí inicia el acoso en contra de quienes buscan unirse a la sección 327 del Sindicato de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de la República Mexicana.

El Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares acusó que a pesar de que se presentó una denuncia ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para recuperar la titularidad de la sección esta ha sido manipulada y por ello no ha procedido.

Sobre el tema, el subsecretario general de Gobierno, José Luis López Ibáñez se deslindó bajo el argumento de que el Gobierno del Estado no puede intervenir, toda vez que el tema está en tribunales.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), a través de su delegado Miguel Bermúdez Quiñónez dio una explicación similar, “sí hubo un compromiso para que la empresa no despidiera a ningún trabajador pero el asunto ahora está en manos de las autoridades judiciales y ellas deberán dirimir sobre el asunto”.

No obstante, el ambiente en la comunidad se ha enrarecido. Jesús Antonio Morones destaca que “hay amenazas todos los días de la empresa, por parte de los directivos y del sindicato hacia los trabajadores diciendo que si decidimos adherirnos al otro sindicato van a retirar las inversiones”.

Hasta los menores deben padecer el acoso por parte de la empresa, ya que los hijos de los trabajadores que practican deporte en la academia de fútbol que abrió la minera en abril de 2016, deben escuchar que si sus padres deciden cambiarse de sindicato, ellos no podrán seguir jugando porque la escuela cerraría.

Eso no es todo, “cancelaron programas de mejora para la comunidad, incluso llegaron a amenazar a la población diciendo que si cambiábamos de sindicato iban a retirar títulos de propiedad que se habían concedido a la comunidad”.

Por esta situación, María Martínez advirtió que lo que suceda a partir de ahora será responsabilidad del Gobierno estatal, encabezado por José Rosas Aispuro Torres y también de la autoridad municipal, por su omisión al pedido de auxilio de la comunidad.