Los gobiernos de Sinaloa y Durango han reportado que debido a la violencia en la zona limítrofe al menos mil 400 personas han tenido que abandonar sus comunidades, del lado duranguense los municipios de Tamazula y San Dimas son los más afectados pese a lo cual no se cuenta con un módulo de atención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en la zona.

Las personas que son víctimas de violaciones a sus derechos humanos deben trasladarse hasta Sinaloa o hasta el municipio Pueblo Nuevo a presentar una denuncia, es ahí donde se cuenta con personal de la Comisión.

La razón por la que la Comisión no tiene personal en la zona limítrofe entre Durango y Sinaloa es la falta de recursos económicos “”, afirmó el ombudsman estatal Marco Antonio Güereca Díaz.

En el caso de las familias que en mayo de este año salieron huyendo de sus comunidades por los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado y policías estatales, el ombudsman reconoció que el personal de Derechos Humanos tampoco genera mucha confianza en la ciudadanía.

Y es que como representante de la Comisión participó en la reunión que tuvieron autoridades de los tres niveles en la comunidad de San Miguel de Cruces, perteneciente al municipio de San Dimas sin que hubiera una gran respuesta.

Apenas unas 35 personas se acercaron a la Comisión después de la reunión para solicitar apoyo a fin de que esta actuara como órgano garante de derechos como la vivienda, la seguridad y la educación.