El hecho de que a más de un año la Secretaría de la Contraloría en Durango insista en que no hay elementos para poder actuar en contra del ex gobernador Jorge Herrera Caldera, resulta cuando menos inverosímil.

Para explicar lo anterior baste citar por ejemplo, las declaraciones de la diputada local Gina Campuzano González –cercana a la contralora, Rosario Castro-, quien cuestionada por un medio de comunicación local, justificó el no actuar de esa dependencia estatal, con la aseveración de que el exmandatario no firmó ningún documento que lo implique en desvió de recursos.

Incluso, la panista se lanzó en contra del gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, a quien tildó de ser agresivo (sic), con lo cual dio cuenta de que desconoce el uso de los adjetivos, ya que el estilo nato de Corral, es ser frontal, más no agresivo.

Pero, la legisladora por segunda ocasión parece desconocer el cómo se construyeron las investigaciones a los gobiernos de los ahora ex gobernadores Javier Duarte de Ochoa (Veracruz) y César Duarte (Chihuahua), y también es omisa con relación a las líneas de mando.

Más allá de las respuesta o justificaciones de la panista, lo grave de esta situación es que el Gobierno actual, no parece interesado en cumplir con el compromiso hecho por el actual mandatario José Rosas Aispuro Torres, de combatir la corrupción y actuar conforme a derecho con relación al manejo de los recursos públicos, y de actuar hacia funcionarios de mayor rango jerárquico, porque las tres investigaciones anunciadas no son como diría el clásico “peces gordos”.