El consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Juan Enrique Kato Rodríguez aseguró que los miembros del Consejo General no tienen ningún inconveniente en que el Congreso del Estado de Durango realice una reducción en el presupuesto para el pago de nómina y rechazó que el incremento solicitado por este organismo en su proyecto para salarios de consejeros haya sido del 40 por ciento.

Previamente se dio a conocer que en el proyecto presupuestal para 2017 el organismo electoral proponía un incremento para el pago de nómina a consejeros de 13.7 millones de pesos, este viernes el presidente del Consejo General rechazó que dicha cantidad significara un aumento del 40 por ciento en el salario de los consejeros.

“No es correcto este porcentaje, ya lo había manifestado yo, estamos sujetos a lo que dice el Congreso del Estado, por lo tanto queda en la cancha del Honorable Congreso lo que se nos haga favor de autorizarnos”.

El ajuste que incluyó el IEPC en el proyecto de presupuesto fue de un 23 por ciento, aproximadamente, según el presidente del Consejo, el cual debería sumarse a los 53 mil pesos que perciben mensualmente los funcionarios en la actualidad.

Sin embargo, Enrique Kato respondió que en caso de que el Congreso determinara aprobar un ajuste al presupuesto de nómina para 2016 en consonancia con la política de austeridad del gobierno de la República, el Consejo General del IEPC no tendría ningún inconveniente en acatar la medida.

La única solicitud expresa a los coordinadores parlamentarios en el Congreso local fue que aprobaran los recursos mínimos indispensables para llevar a cabo los proyectos pendientes en materia electoral.

Dichos proyectos incluyen la puesta en marcha del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica además de los preparativos que deberán realizar las autoridades para el inicio del proceso electoral de 2017-2018.

“Somos completamente consientes y responsables del presupuesto que se otorga” y para 2017 estas son las obligaciones inmediatas e inaplazables del Instituto que deberán contar con recursos para su ejecución.