Acusan por fraude a trabajadora del IMSS
Un grupo de personas se manifestaron este jueves para exigir que se agilice la investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de un presunto fraude cometido por una trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien integró una cooperativa en la que según denuncian, estafó alrededor de 600 personas con ocho […]
Un grupo de personas se manifestaron este jueves para exigir que se agilice la investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de un presunto fraude cometido por una trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien integró una cooperativa en la que según denuncian, estafó alrededor de 600 personas con ocho millones de pesos.
Gabriela Marín Moreno, una de las afectadas narró que el dinero, por el que pretendían obtener una ganancia del 50 por ciento en 15 días, se le entregó a Nancy González Barraza con la confianza de que se trataba de una trabajadora del Instituto.
Agregó que la participación en dicha cooperativa se hizo por invitación expresa de la ahora señalada como responsable del fraude y se basaba en la confianza por el cumplimiento en la entrega de los rendimientos del capital pero a partir del seis de agosto pasado la mujer dejó de pagar.
“Nos urge que Fiscalía lo mueva porque tiene un viaje programado en octubre a Baja California y no sabemos si se vaya a volar”, agregó que en la Fiscalía se han interpuesto al menos 100 denuncias individuales por el presunto delito de fraude a pesar de que ninguno de los miembros de la cooperativa firmó un contrato o algún documento que acredite la entrega del dinero y la responsabilidad de ambas partes.
Al respecto, el ex presidente de la Barra de abogados Benito Juárez, Mario Pozo Riestra, quien es el representante legal de los afectados afirmó que debieran servir como prueba los 600 testimonios de las personas defraudadas.
Agregó que además de la mala condición económica de las familias, que buscan obtener beneficios monetarios a través de este tipo de esquemas el hecho de que sean funcionario de instituciones públicas los obligados facilita la comisión de los fraudes.
“Cuando lo hacen personas que trabajan en instituciones públicas, aunque no lo hacen a nombre de las instituciones hay que ser claro, sin embargo si se presenta con un gafete del Instituto Mexicano del Seguro Social, o de Coesvi (Comisión Estatal de Suelo y Vivienda) o del gobierno del estado me genera confianza”, afirmó.