Amagan ejidatarios con tomar caseta de Llano Grande
Ejidatarios del municipio de Pueblo Nuevo amenazaron con tomar la caseta de cobro ubicada a la altura del poblado Llano Grande de la supercarretera Durango Mazatlán debido al incumplimiento en el pago de 136 hectáreas en las que se construyó la vía, anunció Alfredo Santisteban, representante del movimiento, quien pide un pago a valor actualizado. […]
Ejidatarios del municipio de Pueblo Nuevo amenazaron con tomar la caseta de cobro ubicada a la altura del poblado Llano Grande de la supercarretera Durango Mazatlán debido al incumplimiento en el pago de 136 hectáreas en las que se construyó la vía, anunció Alfredo Santisteban, representante del movimiento, quien pide un pago a valor actualizado.
El representante de los 300 ejidatarios y pequeños propietarios inconformes acusó que “hemos sido presionados a través de los gobiernos para permanecer pasivos con la promesa de un pago justo e inmediato por los terrenos de la supercarretera en mención que atravesaron nuestras propiedades y con la promesa de una indemnización por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)”.
Rechazó que tal como se ha afirmado por autoridades del estado, se haya concluido con el pago del 100 por ciento de los terrenos afectados por la construcción de la supercarretera y por ello el reclamo para que se les pague “el precio justo y a valor actualizado las alrededor de 136 hectáreas que fue la aportación de los ejidos para la construcción de la supercarretera”.
Los miembros de los ejidos José María Morelos, el Salto y Anexos y pequeños propietarios del municipio de Pueblo Nuevo y Durango son quienes exigen el pago de sus tierras y amenazan con tomar la caseta de Llano Grande.
En 2015, ejidatarios mantuvieron durante 200 días el control de la caseta de cobro ubicada a la altura del poblado Coscomate para exigir el pago de 667 hectáreas que incluían no solo el derecho de vía, es decir la extensión en la que se construyó la carretera sino también los daños provocados en los terrenos de los alrededores.
El acuerdo entonces con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyo delegado entonces era David Hernández Madrid, fue el pago de 135 millones de pesos en total, sin embargo la acusación de los 300 inconformes va en el sentido de que el pago no se ha concretado.


