El director de Transportes en el Estado de Durango (DGTE), José Jorge Campos Murillo informó que ha recibido amenazas a causa de los operativos para detectar y neutralizar taxis piratas, una problemática que debe resolver transportes pero que en estricto le toca a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Secretaría de Seguridad Pública por ser un delito.

“Ha habido amenazas, se han presentado personas ajenas a la Dirección de Transportes con una actitud amenazante y vociferando que no me debo de meter en eso y llamadas telefónicas, pero estoy acostumbrado a eso y más”, afirmó.

Y es que en estricto dijo, la regularización de los llamados taxis piratas en el estado no es un asunto que concierna a la dirección que el representa toda vez que son vehículos particulares que circulan con placas que no corresponden al servicio público.

En ese sentido, hay una contraposición de leyes, ya que la constitución garantiza el derecho que tiene cualquier ciudadano a un trabajo digno y la legislación secundaria, en materia de transporte que exige una serie de requisitos, entre los cuales se cuentan desde revisiones mecánicas hasta la emisión de un dictamen técnico sobre las habilidades del operador del volante.

Hasta el momento, en los municipios de Gómez Palacio, Lerdo, Vicente Guerrero y Pueblo Nuevo suman unas 300 conductores que han externado su intención de regularizarse y para ello han entregado los vehículos, pero ahora corresponderá al gobierno del estado analizar dicha solicitud y emitir un dictamen.

En el caso de Durango, muchos de los conductores que han entregado los permisos particulares antes descritos corresponden a aquellos que circulan en la capital del estado “los de Durango salen para esos lugares, los del Salto salen ahí en el Oxxo y las que hemos encontrado de forma irregular aquí dentro los hemos detenido y tenemos detenidos vehículos y estamos integrando actas administrativas a la Fiscalía”.