El Congreso del Estado aprobó por unanimidad enviar al Congreso de la Unión un dictamen de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer mecanismos que garanticen el pago de la pensión alimentaria por parte de personas que se encuentren privadas de la libertad.

La propuesta plantea que el sistema penitenciario del país implemente un régimen que permita cumplir con las obligaciones de pensión alimentaria aun cuando el deudor se encuentre en prisión, con el objetivo de proteger los derechos de quienes dependen de estos recursos, principalmente niñas, niños y adolescentes.

Congreso respalda reforma para proteger a familias

Durante la sesión ordinaria se discutió la iniciativa presentada en su momento por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la cual fue analizada y dictaminada por la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso local.

El diputado Fernando Rocha Amaro señaló que la reforma busca cerrar un vacío legal que ha permitido que, en muchos casos, las obligaciones de pensión alimentaria queden sin cumplirse cuando una persona es privada de su libertad.

“La realidad nos ha mostrado un vacío que no podemos ignorar. Cuando una persona es privada de su libertad, sus obligaciones alimentarias con frecuencia quedan relegadas, como si la reclusión significara también el abandono de su responsabilidad familiar, y eso no puede permitirse”, expresó el legislador durante la discusión del dictamen.

Garantizar pensión alimentaria fortalece la reinserción

El legislador consideró que establecer mecanismos para garantizar la pensión alimentaria dentro del sistema penitenciario representa un paso importante para fortalecer a la familia como núcleo central de la sociedad.

Explicó que asegurar el cumplimiento de estas obligaciones no solo protege a los sectores más vulnerables, sino que también promueve la responsabilidad individual, la justicia social y una verdadera reinserción social de las personas privadas de la libertad.

“Una reinserción auténtica no puede construirse sobre el abandono familiar. Una sociedad justa no puede permitir que los hijos paguen el costo de las omisiones de los adultos”, subrayó.

Finalmente, Rocha Amaro destacó que el dictamen reafirma que el cumplimiento de la pensión alimentaria es un deber permanente que no desaparece bajo ninguna circunstancia. Señaló que garantizar este derecho contribuye a proteger la dignidad de la infancia, fortalecer los vínculos familiares y construir una sociedad más justa y solidaria.