El gobernador del estado, José Rosas Aispuro Torres informó que será a partir del próximo 15 de octubre, cuando concluye el proceso de entrega recepción, que las Secretarías de Finanzas y Administración y de la Contraloría que habrá certeza sobre el uso de los recursos públicos durante la pasada administración, será entonces que podrá evaluarse la posibilidad de fincar responsabilidades.

El titular del poder Ejecutivo en Durango pidió a los ciudadanos paciencia para determinar si las condiciones en las que se contrató la deuda pública, que asciende a casi 15 mil millones de pesos, fueron regulares, además de esclarecer el monto de la deuda a proveedores y si los recursos que se destinaron para obra pública fueron realmente aplicados.

“A partir del día 15 de este mes termina ya la etapa de entrega recepción y una vez que se concluya la misma la Contraloría nos habrá de presentar ya las situaciones donde pueda haber alguna anomalía, no es cacería de brujas, el gobierno no lo voy a utilizar para ninguna represalia de carácter político pero quien haya hecho mal uso de los recursos tarde o temprano se va a saber”.

Las consecuencias, en caso de comprobarse una irregularidad en el uso de los recursos públicos, llegarán a todos los responsables sin importar el cargo que ocuparan en el pasado, añadió el gobernador.

“Las denuncias correspondientes tendrán que estar debidamente sustentadas, si no las sustentamos va a pasar lo de otras entidades donde solo se hacen anuncios y lamentablemente no hay una consecuencia, no pasa nada, yo quiero que la sociedad sepa que vamos a revisar todo”.

Mientras tanto en el corto plazo, el gobierno del estado deberá hacer frente al déficit de dos mil millones de pesos para gasto operativo, aunque recalcó que las obras y programas que están planteados para ejecutarse este 2016 no se han detenido por falta de fondos.

“Vamos a eliminar gastos que no sean indispensables, esto nos va a llevar a una reingeniería administrativa para que podamos hacer más eficiente la administración, que nos cueste menos”, solo en el caso de los trabajadores, el gobierno estatal debe pagar la nómina de 50 mil personas, aunque no precisó si habrá depuración de dicha nómina.