La iniciativa de reformas al Código Penal del Estado tiene como objetivo que el delito de violencia familiar, se persiga de oficio cuando la víctima sea una mujer en estado de embarazo, durante los dos meses posteriores al parto o para el caso en que se tenga documentado antecedente o denuncia de violencia familiar cometidos por el mismo agresor contra la víctima, explicó la diputada María Elena González Rivera.

Al realizar la ampliación de motivos, informó que a lo largo del año pasado se registraron, según cifras del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la lamentable cantidad de cinco mil 595 denuncias por casos de violencia familiar en el Estado, por lo que se entiende que no se ha logrado disminuir la incidencia de ese delito.

De esta manera, consideró que desafortunadamente, para muchas mujeres, el hogar es un espacio de dolor y humillación a consecuencia de la violencia desplegada en su contra y si se presentan esas circunstancias durante el embarazo o en las primeras semanas después del alumbramiento, la situación se convierte en un tormento tanto para la madre como para el recién nacido.

La diputada agregó que, en la entidad, el nivel de mortalidad materna es mayor al promedio nacional, con una cantidad de 60 muertes por cada 100 mil nacimientos; por lo que, si bien es preciso identificar los factores asociados a las complicaciones del embarazo, la violencia que se llega a ejercer en contra de una mujer embarazada o después del alumbramiento, por desgracia sigue siendo común.