Como presidenta de la Comisión de Seguridad Publica y en base a la política de trasparencia y rendición de cuentas del Gobierno Federal, la diputada Sandra Amaya solicitó al gobierno del Estado, aclare la adquisición de 256 cámaras para brindar seguridad a la ciudadanía a través del C5, con una inversión que supera los 200 millones de pesos, es decir cerca de 800 mil pesos en promedio por cámara, lo que sería verdaderamente absurdo

Destacó que tras investigar por distintos medios encontramos que la cámara más cara de la misma marca que se presentó es de poco más de siete mil pesos.

Es importante que tanto la Secretaría de Finanzas como la de Seguridad Publica aclaren esta inversión para evitar poner en tela de juicio el actuar gubernamental, así lo manifestó la diputada local.

La sociedad hoy en día exige gobiernos trasparentes por lo cual, pediremos oficialmente se nos dé a conocer la manera en que se llevó a cabo la licitación para la adquisición, qué empresas participaron, cuál fue la que ganó la licitación y sobretodo de dónde provinieron estos recursos para la compra de estas cámaras de video vigilancia, finalizó.