En la actual administración estatal prevale la impunidad e ineficiencia, donde los delitos no se investigan y judicializan, consideró la diputada Marisol Carrillo Quiroga al exhortar a las autoridades de procuración e impartición de justicia para que cumplan con su responsabilidad.

Cinco años y medio de un gobierno que llego luego del hartazgo de todos los duranguenses, que prometió “un gobierno para todos” y que ha sido un gobierno para unos cuantos. Prometieron acabar con las viejas y deplorables prácticas de los priistas, pero lamentablemente en eso quedo, en promesas de un cambio que nunca llego.

Una de las tantas cosas que podemos reclamar al gobierno estatal y a quienes lo encabezan, es la impunidad, pues declaraciones recientes del observatorio ciudadano, revelan que nuestra entidad actualmente impera un 99 por ciento de impunidad.

Según el observatorio, del total de los delitos que se presentan en nuestro estado, solamente se denuncia el 8 por ciento, y de este porcentaje, solamente el 1.72 por ciento, desemboca en una sentencia por parte de la autoridad judicial.

Lo anterior no concuerda para nada con lo que aseguraron en el quinto informe de gobierno, que de las 28 mil 682 carpetas de investigación que se iniciaron, se obtuvieron más de 3 sentencias definitivas por día, es decir, resultados sin precedentes en la impartición de justicia en nuestro estado.

Queda claro que los datos los interpretan a su conveniencia, ya que la realidad dista mucho de lo que vinieron a pregonar y en su momento, dijeron sentirse orgullosos.

Según el INEGI en la encuesta Nacional de victimización y Percepción sobre Seguridad Publica 2021, en el 92.4 por ciento del total de delitos presentados, no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación, lo que revela la ineficiencia de las autoridades y en caso, la desconfianza que generan en las y en los duranguenses.

Según el índice delictivo del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Publica, en todos los meses de 2021, se presentaron los delitos de homicidio, lesiones, delitos contra la libertad y la seguridad sexual y delitos contra la familia. Y en relación a esta lista de delitos, durante enero y febrero del presente año, ya suman un total de 1450. Mismos que como lo estableció, el observatorio ciudadano, el 99 por ciento no han sido judicializados.