El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó iniciativa con adiciones al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Durango.

Se propone establecer -en homologación con la Ley Federal del Trabajo- una sanción para los empleadores de menores de 15 años, fuera del círculo familiar.

Así como una sanción para los padres o tutores de los menores, que involucren al menor en actividad de trabajo que resulte peligrosa para su salud, su seguridad o moralidad, o que afecte el ejercicio de sus derechos fundamentales.

La propuesta prevé que se castigue con una pena de uno a cuatro años de prisión y multa de 72  a 288 veces la Unidad de Medida de Actualización (UMA) al patrón que contrate a un menor de 15 años.

Asimismo, a los parientes se les impondrá, de primera vez, trabajo en favor de la comunidad, y si la conducta es reiterada, se impondrá una pena de uno a tres años de prisión y una multa de 72 a 288 veces la UMA.

El trabajo infantil es sin duda una violación de los derechos humanos, específicamente los señalados en la Convención de los Derechos del Niño, “al descanso y al entretenimiento, al esparcimiento y a las actividades recreativas propias de la edad”.

El trabajo infantil es un fenómeno derivado de múltiples factores como la deficiente economía, factores sociales, históricos e incluso culturales, fenómeno que origina evidentemente pobreza, exclusión, discriminación y falta de oportunidades para las niñas, niños y adolescentes de nuestro País.

El término “trabajo infantil” se define por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como “todo aquel que priva a las y los niños de su niñez, de su potencial y su dignidad, así como aquella actividad económica que resulta perjudicial para su desarrollo físico y psicológico”.