Las mujeres son víctimas en innumerables ocasiones de las diversas manifestaciones de la violencia, lo anterior lo refleja el último reporte emitido por el INEGI a través de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, donde se establece que 66 de cada 100 mujeres de 15 años o más han sufrido al menos un incidente de violencia de cualquier tipo a lo largo de la vida.

México ha tomado decisiones para combatir este real mal, desde la implementación de políticas públicas a favor de las mujeres, reformas a la legislación para la protección de sus derechos y la celebración de diversos tratados internacionales para garantizar la seguridad del acceso pleno de sus derechos humanos, sin embargo, “la realidad de las cosas es que en nuestro territorio, aún estamos bastante lejos de garantizar la igualdad de género mucho más el empoderamiento de las mujeres”, declaró la diputada local, Sandra Amaya Rosales.

Y agregó que desgraciadamente se está acostumbrado a relacionar la violencia de la mujer en sus más terribles representaciones, como son la violencia física, agresiones y los feminicidios, sin embargo, “una violencia que también nos afecta como sociedad, es cuando la violencia es ejercida por los propios servidores públicos, por lo que podemos afirmar que la violencia institucional es la menos visible, la que más se ha silenciado y la más impune de todas”.

La ley de las mujeres para una vida sin violencia considera la violencia institucional como los actos u omisiones de  los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin, dilatar u obstaculizar y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como al disfrute del derecho de políticas públicas destinadas a prevenir, a atender, e investigar.

Recordó que los diputados de Morena presentaron en su momento la iniciativa de tipificar dentro del Código Penal de Durango, la violencia institucional adicionado un articulo 140, a donde cabe aclarar que quede establecido dentro del capítulo que comprende el delito de ejercicio abusivo de funciones y se propone que este delito sea castigado con penas que van dos a seis años de prisión y multas de 144 a 432 UMAS, “además proponemos fortalecer la descripción de la violencia institucional comprendida en la ley de las mujeres para una vida sin violencia, adicionando el segundo párrafo al art. 12 del citado cuerpo normativo”.