El presidente de la Organización Interamericana de Consejos Ciudadanos (OICC), Carlos Güereca Prado señaló que según el índice ofrecido por el Instituto para la Economía y la Paz, Durango ocupa el lugar número 21 en el indicador de paz, no el segundo como afirmó la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Sonia Yadira de la Garza Fragoso.

“A lo que se refiere la Fiscalía es solamente al avance que a tenido de un año contra otro, el año pasado nos ubicábamos en el lugar número 31 y hoy estamos en el lugar número 21, sin embargo seguimos estando dentro de los lugares en focos rojos, dentro de la República Mexicana”, afirmó.

Esto dijo, es una muestra de que las políticas públicas de la administración estatal en el combate del delito deberán replantearse, y no solo el combate al delito, también en lo que se refiere a los niveles de corrupción en el estado, ya que este es otro de los factores que se considera en las mediciones del Instituto de la Economía y la Paz.

En este tenor, la Organización Interamericana de Consejos Ciudadanos ha hecho de manera formal la solicitud para que se explique el destino de 109 millones de pesos asignados entre 2015 y 2016 al Programa Nacional para la Prevención del Delito (Pronapred), debido a que no han sido comprobados.

“Tenemos 224 millones aplicados desde 2014 a la fecha, entonces por qué no ha disminuido la violencia y la delincuencia”, cuestionó y agregó que no es desde la sociedad civil que debe aclararse el incremento en el número de delitos del fuero común sino desde las instituciones encargadas de la prevención y el combate.

Criticó que sean observatorios internacionales quienes den cuenta del incremento en los niveles de violencia e inseguridad en el estado mientras que las autoridades hacen caso omiso de las problemáticas y sus consecuencias.
“Hace seis años no teníamos puntos de narcomenudeo en la ciudad capital y hoy tenemos 26 puntos fijos de narcomenudeo, mismos que estaremos en condiciones de participarle a las nuevas autoridades tanto estatales como municipales para tratar de erradicar este fenómeno”.

Durango tendrá que asumir tarde o temprano el costo de no implementar políticas efectivas para el combate al consumo de sustancias entre la población joven, algo que indudablemente se traducirá en un incremento en la incidencia delictiva.