Una de las prioridades en la agenda legislativa para el grupo parlamentario de MORENA, a lo largo de presente legislatura ha ido dirigida en la protección del interés superior de la infancia.

Mediante decreto número 431 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Durango de fecha 02 de noviembre del 2023, se aprobaron modificaciones al Código Penal para que el delito de
incumplimiento de obligaciones alimentarias respecto de las niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores sea perseguido de manera oficiosa.

Se incremente la pena de 2 a 4 años de prisión y multa de 144 a 288 veces la Unidad de Medida y Actualización al que se coloque en estado de insolvencia con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley determina.

Por la vía penal, ya contamos con legislación que castigue a todo aquel que evada sus responsabilidades como padres, sin embargo aún tenemos pendiente la regulación por la vía civil que abone a que no se conviertan en letra muerta.

Los diputados, deben buscar la ruta para garantizar que la pensión alimenticia NO se convierta en un derecho simulado por los progenitores hacia sus hijos e hijas, es por ello que en el mes de abril del año pasado también presentamos ante esta asamblea una iniciativa en materia de
Registro Estatal de Obligaciones Alimentarias;

A nivel federal, en fecha 08 de mayo de 2023 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes con el propósito único de crear el denominado Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

Dicho Registro tiene como objeto concentrar la información de deudores y acreedores de obligaciones alimentarias, a fin de dar efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Con estas reformas aprobadas es que se estableció a los Tribunales de las Entidades Federativas y de la Ciudad de México la obligación de suministrar, intercambiar, sistematizar, consultar, analizar y actualizar, la información que se genere sobre el incumplimiento de las obligaciones alimentarias.

Haciendo uso de los sistemas e instrumentos tecnológicos del Sistema Nacional DIF para que con ella integre y alimente al Registro Nacional de Obligaciones.

Se solicita adhesiones al código penal con el objetivo de establecer que cuando el deudor alimentario haya dejado de cumplir con sus obligaciones en materia de alimentos por un periodo mayor a 60 días naturales, continuos o discontinuos, en cualquier momento del procedimiento podrá solicitarse a la autoridad jurisdiccional lo haga del conocimiento del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

Se debe brindar a las y los operadores del Tribunal Superior de Justicia de nuestro Estado, las herramientas jurídicas para que cumplan con la responsabilidad de tutelar el derecho humano a la alimentación de las niñas, niños y personas jóvenes.

El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, a través de su estadística judicial al mes de marzo del año que transcurre, indican que el Juicio de Pensión Alimenticia es uno de los más comunes, con 464 demandas iniciadas ante los juzgados familiares.

La consolidación de este Registro de Obligaciones Alimentarias, representa una respuesta a la lucha de las mujeres que exigen que los progenitores paguen pensión alimenticia, la cual muchas veces se condiciona para seguir ejerciendo violencia, no se les olvide que no es “un apoyo”, es SU OBLIGACIÓN.

Nos encontramos en un momento significativo para la niñez, y tenemos que terminar con ese comportamiento de procrear y desaparecer, cerrar espacios a la simulación y establecer estas medidas para que los deudores alimentarios morosos se hagan cargo de sus obligaciones con sus hijas e hijos.