La presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Durango, Maite Vivó Prieto señaló el gobierno de la República debe ser muy cuidadoso de no caer en chantajes de grupos que están cayendo en conductas contrarias a lo que establece la Ley.

Este viernes se liberó a Rubén Núñez dirigente y a Francisco Villalobos, secretario de organización ambos de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Oaxaca, quienes fueron detenidos por el presunto delito de lavado de dinero.

A este respecto, la presidenta de Coparmex apuntó que el gobierno federal debe explicar si la liberación se dio debido a que no se encontraron las pruebas necesarias para soportar las acusaciones.

Y en caso de que dicha liberación se haya dado en el marco de las negociaciones que mantienen el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong con integrantes de la CNTE este sería un mensaje negativo para la ciudadanía, específicamente para el sector empresarial que se ha pronunciado por el respeto a la ley.

Acusó que es de todos sabido que algunos simpatizantes de dicha organización magisterial utilizan la influencia que esta tiene para cometer delitos como daños en propiedad privada, robos y los bloqueos a las vías de comunicación, como sucede en el sur del país.

El problema de inicio fue que ambos gobierno, tanto el estatal como el federal dejaron avanzar el problema, los gobernadores con el argumento de que el magisterio es competencia federal y el gobierno de la República esperando que sean los titulares del Ejecutivo en cada entidad quienes pongan orden.

Mientras tanto, los afectados son los padres de familia, que esperan que sus hijos reciban una educación de calidad, los trabajadores que corren el riesgo de perder sus empleos por los bloqueos y por supuesto las empresas que ya no solo están perdiendo utilidades sino también ven mermada su capacidad de pago de obligaciones como nóminas o impuestos.

“Estamos cansados de que esa gente haga lo que quiera”, sentenció y agregó que la solicitud de que se utilice la fuerza pública va encaminada a que el gobierno garantice el estado de Derecho, además de castigar a cualquiera que incurra en violaciones a la Ley sin importar a qué grupo pertenezcan.