La diputada Dany Soto Hernández, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), propuso reformar el Código Penal y la Ley de Educación del Estado para fortalecer la protección de los derechos del personal docente, directivo y administrativo ante amenazas, acoso y denuncias presentadas a sabiendas de su falsedad.

“Una escuela segura necesita estudiantes protegidos, familias escuchadas y docentes que puedan ejercer su vocación sin miedo”, expresó la legisladora, al señalar que proteger a la niñez y garantizar la dignidad de quienes se dedican a la enseñanza son responsabilidades que deben atenderse de manera conjunta.

Durante la exposición de motivos, Soto Hernández explicó que la propuesta contempla dos ejes principales: establecer medidas de protección frente a amenazas y acusaciones deliberadamente falsas contra el personal educativo, y reforzar las garantías de audiencia, defensa y debido proceso en la atención de quejas y denuncias dentro de las instituciones escolares.

“Que ninguna denuncia legítima quede sin investigar y que ninguna persona sea sancionada sin que se acredite su responsabilidad”, destacó.

Iniciativa plantea sanciones por amenazas y acusaciones falsas contra docentes

En materia penal, la propuesta busca establecer sanciones específicas para las amenazas dirigidas a intimidar o coaccionar al personal educativo en el ejercicio de sus funciones, así como para las acusaciones deliberadamente falsas presentadas ante las autoridades competentes.

Además, plantea considerar como agravante los casos en que una persona adulta manipule o utilice intencionalmente a una niña, niño o adolescente para sostener una acusación que sabe falsa.

Al respecto, la diputada subrayó que las personas menores de edad no deben convertirse en instrumentos de conflictos entre adultos, debido a que estas situaciones también pueden afectar su dignidad y bienestar emocional.

Soto Hernández precisó que la iniciativa distingue entre una denuncia que no logra acreditarse y una acusación deliberadamente falsa. Explicó que la falta de pruebas suficientes no significa que una denuncia sea falsa, por lo que la responsabilidad penal deberá sustentarse en la demostración de que la persona conocía la falsedad de los hechos.

De esta manera, señaló que el planteamiento busca evitar que las medidas propuestas se utilicen para castigar a quienes presentan denuncias de buena fe con el propósito de proteger a sus hijas e hijos.

La iniciativa también contempla fortalecer los procedimientos educativos mediante la atención de quejas y denuncias con objetividad, confidencialidad y respeto al debido proceso.

Entre las garantías propuestas se encuentran el derecho de audiencia y defensa para las personas señaladas, así como la obligación de procurar que las medidas provisionales estén debidamente fundamentadas y sean proporcionales al riesgo identificado.

Con esta propuesta, Dany Soto busca establecer mayores garantías para docentes, directivos y personal administrativo en Durango, al tiempo que plantea preservar el derecho de las familias a denunciar posibles irregularidades y asegurar que cada caso sea atendido con responsabilidad y apego al debido proceso.