Lía Karina Ávila Valdez tiene 19 años y este miércoles denunció haber sido víctima de abuso físico, verbal y psicológico en el Centro llamado “Ángeles de Libertad”, localizado en el fraccionamiento domingo Arrieta al que ingresó para tratar su adicción a las drogas.

La denuncia la realizó acompañada por la señora Manuela Valdez García, quien es su madre y por el activista Tadeo Campagne debido a que las agresiones se consideran además un acto de discriminación debido que el trato denigrante se dio también por sus preferencias sexuales diferentes.

Lia señaló que desde el ingreso al Centro de rehabilitación, al que llegó detenida por elementos de la Policía Municipal, todos los comentarios estuvieron dirigidos al hecho de que ella es lesbiana.

“Estuve sentada en la orilla de un bote y los hombres empezaron a golpearme, me tiraban de donde estaba sentada y volvían a jalonearme para levantarme y después trajeron una chicharra y me dieron con ella tres veces en la espalda hasta que les grité que se detuvieran”, narró.

La chica denunció que luego de la golpiza inicial fue recluida en una sala donde el resto de los internos eran todos hombres “me dijeron que si me vestía como hombre y quería ser hombre me iban a empezar a dar trato igual que a ellos, estuve conviviendo con puros hombres y tenía que ver como iban al baño, me dijeron que no merecía un trato especial y que no me iban a bajar con las mujeres”.

La señora Valdez, madre de Lía señaló que el costo de ingreso al Centro es de 12 mil 500 pesos por un periodo de tres meses por persona, pero además se debe pagar la alimentación y otros artículos como papel higiénico, pasta dental y shampoo que ni siquiera les permiten utilizar.

Tadeo Campagne explicó que ya fue presentada una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por las agresiones en contra de la chica, sin embargo al momento en que elementos de la Dirección Estatal de Investigación (DEI) apoyaron a la madre para lograr su liberación, porque el Centro pedía el pago de una multa de tres mil pesos adicionales a cambio de dejarla salir, no se hizo ningún peritaje por las golpizas que recibió al interior.

Además de la denuncia penal en contra del Centro, también se pidió la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por considerar irregular que ante una denuncia por agresiones la Fiscalía haya omitido realizar una valoración médica a la víctima.

La exigencia ahora es, además del castigo para los responsables, es que las autoridades, incluida la Secretaría de Salud intervengan, debido a que el lugar no cuenta con permisos de operación, lo que pone en riesgo a la población de internos, que incluye menores de edad.

“Considero totalmente un riesgo porque hay menores de edad, los menores de edad son golpeados, no se respeta, están entre puros hombres mayores y como lo dije una vez somos adictos, ellos están enfermos”.