La diputada local, Gina Campuzano González, a nombre de los Grupos Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Durango, la cual plantea reducir los años de protección a servidores públicos, así como “dignificar” la labor de los elementos asignados a este encargo.

En el caso de exgobernadores se pretende reducir el tiempo de protección de cuatro a dos años, mientras que el secretario general de Gobierno, Fiscal General y el secretario de Seguridad Pública, disminuye de tres a dos años, y el de los vice-fiscales se deja en dos años y los demás funcionarios les corresponderá hasta un año.

Además se propone que la cantidad de elementos designados no podrá ser superior a seis elementos de los exservidores públicos que tienen protección.

Por ello, la diputada manifestó que la cantidad de los elementos operativos así como la duración de la protección de las personas interesadas, serán materia de un estudio técnico a cargo del secretario de Seguridad Pública, mismo que se dictaminara de conformidad a los niveles de riesgo y circunstancias operativas que en cada caso particular deban de ser consideradas.

De igual forma, se planteó que los elementos operativos designados como escoltas, no pueden desempeñar ningún servicio o realizar labores distintas a la protección, vigilancia, custodia o seguridad del o los funcionarios, exfuncionarios o personas encomendadas para su protección, ni estarán bajo el mando o a la orden de las personas a quienes debe prestar el servicio.

Asimismo se prevé que la policía podrá disponer en su caso, de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para garantizar la protección de los servidores públicos enunciados y de los integrantes de su familia directa.

“Hoy en día, existe una gran indignación en la sociedad por la clara diferenciación entre los altos funcionarios y el resto de los ciudadanos, el uso de escoltas, guardias o vigilancia personal está a total discreción de las autoridades encargadas de la Procuración de Justicia y de Seguridad Publica”, manifestó Gina Campuzano.

Finalmente, Gina Campuzano consideró que es inadmisible, injusto e ilegal que sólo unos cuantos utilicen protección particular y dejen a los ciudadanos a su suerte, ya que “la asignación de escoltas es en menoscabo de la seguridad pública y eso lo tenemos documentado, la disminución del estado de fuerza por elementos que se van a cuidar a unos cuantos. Estas decisiones se hacen de forma discrecional y aunque debiera existir un dictamen técnico, no lo tienen, no lo hacen o no lo quieren compartir”, dijo.