La coordinadora nacional de Organismos Garantes del Sistema Nacional de Transparencia, Yoli García Álvarez reconoció que contrario a lo que se supone, la transparencia no es sinómino de menos si los organismos garantes no tienen asignados recursos suficientes para hacer cumplir la ley.

“La Ley general (de Transparencia y Acceso a la Información Pública) nos dio muchas mayores atribuciones, nos dotó de mayor estructura pero se les olvidó a los legisladores federales un pequeño tema, los legisladores federales establecieron en la Ley General en el artículo 40 que las entidades nos deberían dar recursos suficientes para cumplir con esta obligación”.

Sin embargo, ningún estado destina recursos para los Institutos de Acceso a la Información Pública, que les permitan cumplir y hacer cumplir las obligaciones de transparencia a los sujetos obligados,
“El punto ahí es cómo lograr cumplir con estas atribuciones sin recursos, estamos generando desde la coordinación Nacional, buscar recursos públicos federales para los órganos garantes que desde el Congreso vengan etiquetados para que cuando bajen a los estados no se puedan destinar para otras cosas”, afirmó.

También se debe trabajar para atender a los sujetos obligados que cuenten con menos de 70 mil habitantes, por ejemplo municipios pequeños, ya que la ley establece que en los casos en los que el sujeto no tenga condiciones para cumplir con sus obligaciones el Instituto deberá apoyarlo.

“¿Cómo le vamos a hacer si no tenemos infraestructura, no es el caso de Durango? Pero si es el caso de otros estados, hay órganos garantes en otros estados como Tamaulipas que no tienen servidores, que Infomex o la Plataforma la alberga el poder Ejecutivo porque ellos no tienen (computadoras)”.

Se deben destinar recursos tanto para los órganos garantes como para los sujetos obligados, de lo contrario, la Ley de Transparencia quedará en el discurso y tendrá que considerarse letra muerta.