A 15 días de cumplir con la disposición constitucional para que en Durango inicie operaciones el Sistema Local Anticorrupción (SLA), tanto el Congreso del Estado como el poder Ejecutivo, todavía tienen pendientes.

Entre los faltantes está la conformación del Consejo de Participación Ciudadana, la designación del Fiscal Anticorrupción, así como la instalación del SLA con las demás instancias de la administración pública.

Lo anterior fue mencionada por la presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Durango, Mayte Vivó Prieto.

Además, la líder empresarial, sentenció que la creación de dicho organismo no ha sido sencillo y se debe reconocer que en Durango aún prevalecen intereses políticos e inercias que se verán afectados con la entrada en vigor del SLA.

“Por eso, ante la tentación de simulaciones, es fundamental que los ciudadanos duranguenses participen en la convocatoria emitida por la Comisión de Selección para la elección de los cinco integrantes del Consejo de Participación Ciudadana”, sentenció Vivó Prieto.

Debido al poco tiempo que falta para que obligatoriamente quede constituido el SLA, Mayté Vivó Prieto, también hizo un llamado al gobernador José Rosas Aispuro Torres para que realice la consulta a organizaciones sociales, empresariales, instituciones educativas y colegios de profesionistas, para formalizar su propuesta ante el Congreso del Estado de quien será el Fiscal Anticorrupción.

Lo anterior fue mencionado durante una rueda de prensa, en la que anunciaron que Coparmex, en conjunto con la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), llevarán cabo un diplomado en materia anticorrupción, el cual abarcará de una manera práctica y didáctica las áreas del conocimiento referentes al tema.

La planta docente del diplomado será del mejor nivel, y participarán profesores de la Escuela Libre de Derecho, así como académicos locales.

Entre los académicos invitados destacan:

• Alejandro Rios  Rippa, presidente de la Comisión Anticorrupción de Coparmex y académico de la Universidad de San Diego.
• Eber Betanzos, subsecretario de la Función Pública y maestro de la Escuela Libre de Derecho.
• Sergio Huacuja Betancourt, profesor de Derecho Administrativo y especialista en Derecho Constitucional.
• Mario Álvarez Ledesma, profesor de Ética Jurídica y exsubprocurador de derechos humanos de la Procuraduría General de la República (PGR)
• Manuel Alexandro Munive Pérez, director del Centro de Investigación e Informática Jurídica, también de la Escuela Libre de Derecho.