La diputada Cynthia Montserrat Hernández Quiñonez, representante del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso del Estado de Durango, destacó que las acciones del gobierno federal en materia de programas sociales no son dádivas, sino una restitución de derechos sociales para las familias que históricamente enfrentaron abandono y desigualdad.

Durante su pronunciamiento en la sesión de la Comisión Permanente, la legisladora subrayó que, gracias a la visión social del actual gobierno federal, millones de familias cuentan hoy con apoyos reales que les permiten enfrentar sus necesidades más apremiantes y mejorar su calidad de vida.

Programas sociales como derechos constitucionales

Cynthia Hernández resaltó que uno de los avances más relevantes es que los apoyos sociales se reconocen ahora como derechos sociales consagrados en la Constitución, lo que garantiza su permanencia más allá de los cambios de gobierno. Como ejemplo, señaló que en 2026 la pensión para personas adultas mayores será de 6 mil 400 pesos bimestrales, entregados de manera directa, universal y sin intermediarios.

La diputada enfatizó que esta política marca una diferencia de fondo, tanto política como moral, al combatir la desigualdad mediante transferencias directas y al asegurar que estos apoyos no dependan de decisiones discrecionales. Indicó que la llamada Cuarta Transformación dio un paso histórico al elevar estos programas a rango constitucional.

Garantía de apoyos para Durango

Finalmente, la legisladora aseguró que las y los duranguenses pueden tener certeza de que el gobierno federal continuará cumpliendo con el estado en materia de derechos sociales. Detalló que se mantendrán programas como la pensión para personas adultas mayores, la pensión Mujeres Bienestar, el apoyo para hijas e hijos de madres trabajadoras y la pensión para personas con discapacidad permanente.

Cynthia Hernández concluyó que las pensiones y apoyos para el bienestar no deben verse como un gasto, sino como un acto de justicia social que contribuye a reducir la desigualdad y a garantizar condiciones de vida más dignas para los sectores más vulnerables del país.