El presidente en Durango de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Alejandro de la Peña López criticó que mientras un ciudadano común va a la cárcel al robar incluso alimentos en una tienda un funcionario o servidor público puede disponer de recursos públicos sin consecuencias, algo que considera un acto de impunidad.

Esto con relación a la determinación que el pasado viernes emitió la Fiscalía General del Estado (FGE) al absolver al ex delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Javier Hernández Flores de las acusaciones por presunto desvío de recursos.

“Se mete a la cárcel al que se roba un kilo de manzana en el mercado que lo agarran y está pagando una condena de dos años y a los que saquean las arcas, a los que hacen este tipo de movimientos andan libres como el viento”.

Sobre el caso de la Delegación Durango de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el empresario apuntó que tanto las declaraciones de Roberto Hernández Burciaga, responsable de la denuncia, como las fotografías de la bodega resultan pruebas importantes para la ciudadanía de una situación irregular.

“Resulta demasiado difícil entender en qué momento queda absuelto de toda culpa ya que creemos como empresarios que si está destinado un producto para canalizarlo y llevarlo a algún destino en específico y no se lleva y se oculta y se guarda me parece que desde ahí estamos incurriendo en una mala acción”.

Alejandro de la Peña calificó como un intento de “endulzar el oído” las afirmaciones de que no hay delito que perseguir y el exonerar a los implicados y además dijo esto es resultado de una legislación endeble en materia de combate a la corrupción.

Esto a pesar de los esfuerzos que a últimas fechas han hecho los ciudadanos para combatir no solo la corrupción sino también la impunidad “piensan que estamos acostumbrados pero es el momento de estarnos desacostumbrando, de hacer las cosas bien, no creo que los ciudadanos de Durango se coman ese cuento”.

Por ello dijo, la exigencia a la Secretaría de Desarrollo Social en el estado (Sedesoe), a cargo de Alejandro Márquez Pérez es que haga públicos los documentos que acreditan la propiedad de los insumos contenidos en la bodega para llegar al fondo del asunto.