La Secretaría de la Contraloría (Secoed) informó que son funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (Secope), el Sistema Integral de Atención a la Familia (DIF) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesoe), la entonces Dirección General de Transportes del Estado (DGTE) quienes han promovido los primeros ocho amparos.

La titular de la dependencia, María del Rosario Castro Lozano informó que dichos amparos, solo ocho hasta el momento, se han promovido por temas que van desde las copias que integran el expediente hasta señalamientos más de fondo, como irregularidades en la aplicación de 365 millones de pesos en obras públicas durante la administración anterior.

No obstante, aseguró que dichos recursos tienen carácter dilatorio para la Secretaría que se encuentra en la quinta etapa del proceso de entrega recepción, una etapa en la que se da inicio a los procesos de responsabilidad administrativa.

En el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, las investigaciones de la Contraloría han derivado en observaciones en obras por 365 millones de pesos de recursos no solo estatales sino también federales.

Aseguró que tomando en cuenta que son 57 los funcionarios que han sido requeridos hasta el momento no se descarta que en próximos días se promuevan más amparos por parte de ex funcionarios.

Sobre todo, aquellos a los que derivado de las auditorías propias de la dependencia les resulte un proceso de responsabilidad en materia federal por lo que toca a la mezcla de recursos para obra pública u otro rubro de la administración.

No hay fecha para conocer el resultado de las auditorías externas y del proceso que se sigue a las observaciones que hizo tanto la Secretaría de la Función Pública (SFP) como la Auditoría Superior de Justicia de la Federación (ASJF) porque los procesos de responsabilidad que han derivado en amparos parten solo de resultados internos.