El diputado Martín Vivanco Lira propuso reformar la Ley de Educación del Estado de Durango para establecer un modelo de escuelas de tiempo completo con jornadas ampliadas de hasta ocho horas, con el objetivo de fortalecer el derecho a la educación y atender necesidades de alimentación y cuidado de niñas, niños y adolescentes.

Durante la ampliación de motivos de su propuesta, el legislador señaló que las escuelas de tiempo completo también representaban una alternativa para madres y padres trabajadores, al permitir que sus hijos permanecieran en un espacio seguro durante la jornada laboral.

Propuesta contempla alimentación y jornadas ampliadas

La iniciativa plantea tres acciones principales: facultar a la Secretaría de Educación del Estado para diseñar e implementar un programa de escuelas con jornada ampliada; garantizar servicios de alimentación mediante desayunadores y comedores escolares; y establecer la obligación de prever los recursos presupuestales necesarios para que el modelo pueda operar de manera permanente.

Vivanco Lira aclaró que ampliar la jornada escolar no debe limitarse a incrementar las horas dentro de las aulas, sino que debe considerarse como una estrategia integral para fortalecer el aprendizaje y atender las necesidades de alimentación y cuidado de las familias.

“No lo veamos como un gasto, es una inversión y es la inversión más importante que podemos hacer, porque es el futuro de nuestro estado”, expresó el diputado.

Escuelas de tiempo completo tuvieron presencia en Durango

El legislador recordó que las escuelas de tiempo completo tuvieron una presencia significativa en Durango. De acuerdo con la información citada durante su intervención, en 2007 existían 22 escuelas bajo este esquema, mientras que para 2019 se contabilizaban alrededor de mil planteles.

Según lo expuesto por Vivanco Lira, este modelo permitió ampliar la jornada escolar y ofrecer servicios de alimentación y cuidado.

El diputado consideró que, ante los cambios registrados en el sistema educativo nacional, los estados deben fortalecer sus propias capacidades para garantizar el derecho a la educación, particularmente en materia de permanencia escolar, aprendizaje, alimentación y cuidado.

Finalmente, reconoció que la propuesta tendría un impacto presupuestal, por lo que planteó que éste sea analizado durante el proceso legislativo, incluida la discusión en la Comisión de Hacienda. También consideró la posibilidad de establecer una implementación gradual conforme a la disponibilidad presupuestaria.