El secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Olvera Escalera negó que el gobierno del estado haya negado a Uber la instalación en Durango, pero recalcó que el Código Penal local contempla sanciones corporales para quienes ofrezcan el servicio de transporte público sin una concesión.

El funcionario negó que la empresa, que anunció este jueves su decisión de no iniciar operaciones en Durango a través de un medio local, haya solicitado formalmente el permiso para iniciar operaciones en el estado ni como empresa de transporte público ni como empresa de transporte privado.

“Si recibimos una solicitud de esta o de cualquier empresa tenemos que someterla al escrutinio legal para que pueda operar porque es a final de cuentas lo que toda la sociedad y todos los órganos empresariales buscan, que las empresas que se instalen lo hagan con las mismas reglas de los que están ya instalados”.

La postura que adoptaron los sindicatos de transportistas en el estado, en opinión del funcionario no puede afirmarse como la causa del desistimiento, sobre todo si se recuerda que la empresa ha enfrentado conflictos en prácticamente todas las ciudades en las que ofrece el servicio.

En Durango, desde hace más de diez años el Código Penal contempla sanciones que van de dos a siete años de cárcel para los conductores que ofrezcan el servicio de transporte público sin una concesión, lo cual se hizo del conocimiento del director de Políticas Públicas de Uber México, Jorge Valderrama en una reunión.

En este sentido, el secretario afirmó que “si la empresa desea cabildear una modificación a la ley para que el gobierno actúe de manera distinta es una cuestión diferente y creo que hay apertura, pero nosotros estamos obligados a actuar conforme a lo que la ley nos dice”.

En el caso del servicio privado, como el que Uber dice ofrecer, en Durango no está regulado pero si se contemplan las sanciones antes mencionadas para los conductores que ofrezcan el servicio en esta modalidad.