La presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Marcela Quiñonez Vázquez celebró la iniciativa que pretende adherir a estos organismos al poder Judicial, debido a que esto representará más recursos para infraestructura y capacitación para el personal que ahí labora, ya que hoy las condiciones son precarias.

Actualmente, la Junta Local atiende un promedio de 100 denuncias mensuales, solo por despido injustificado, las cuales son recibidas por cuatro funcionarios, quienes no reciben ningún tipo de capacitación para cumplir con dicha responsabilidad.

Además, en materia de infraestructura la Junta local también presenta una serie de carencias, iniciando por el equipo para clasificar las denuncias que recibe, actualmente si alguien busca estadísticas deberá revisar físicamente el libró público de registro para verificar las fechas, las causales, los patrones y los trabajadores que presentan una queja ante la Junta.

Es por esto, que la reforma a los artículos 107 y 122 de la Constitución aprobada apenas este octubre en la Cámara alta del Congreso de la Unión que desaparece la figura de Junta de Conciliación es vista con mucha expectativa por los integrantes de este organismo local.

“Pertenecer al poder Judicial nos beneficia en todo, en darle a los trabajadores y a los patrones mayor celeridad en los asuntos, más agilidad, mejor servicio, gente mejor preparada, personal con capacitación”, afirmó.

Tan solo en el tema de capacitación, la Junta no cuenta con recursos para mejorar los conocimientos de su personal, cada uno por su cuenta busca actualizarse mediante las herramientas disponibles a través de la Casa de la Cultura Jurídica tomando cursos, diplomados o maestrías, pero esto es voluntario y en la medida de las posibilidades.

La reforma que aprobó el senado de la República busca transferir al poder Judicial, tanto a nivel federal como local, los asuntos relacionados con conflictos entre trabajadores y patrones que actualmente resuelven las Juntas de Conciliación.