Este jueves, al filo del plazo fatal establecido por la Sala Regional Especializada del Tribunal Superior de la Federación, el pleno del Congreso del estado determinó imponer el pago de 100 mil pesos como sanción para el alcalde con licencia, José Ramón Enríquez Herrera, quien también se presenta en este proceso electoral como candidato de Movimiento Ciudadano (MC) para la reelección.

Tras una espera que se extendió durante ocho horas, los miembros de la Comisión de Responsabilidades en el Congreso del Estado, emitieron un dictámen en el sentido de aplicar dicha sanción
En el pleno, fueron 18 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones.

La sanción equivale a mil 326 Unidades de Medida, además de una amonestación pública.
El diputado Gerardo Villarreal Solis, durante su intervención, defendió la sanción aplicada al apuntar que el Congreso no puede centrarse en las acciones de un solo personaje sino que debe apuntar a acciones más allá de una sanción.

El diputado, quien es miembro de la Comisión qué elaboró el dictamen, afirmó que los diputados no pueden hacer uso de su cargo para incidir en el proceso electoral como esperaban algunos candidatos de oposición.

En su intervención, el diputado Iván Gurrola Vega, apuntó que la sanción sienta un mal precedente para futuras violaciones a la Constitución, toda vez que en el caso del también senador con licencia, se acreditó una violación a la Constitución.

El legislador Mario Alfonso Delgado Mendoza, durante su participación afirmó que Enríquez Herrera se ha burlado del Congreso y calificó de aberrante el dictamen que presentó la Comisión de Responsabilidades y desde la tribuna solicitó la inhabilitación del funcionario.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Pablo César Aguilar Palacios, afirmó que la consolidación del Estado de Derecho ha sido una lucha de muchos años y por ello el Congreso ha actuado en cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal Superior de la Federación.

Aseguró que el Congreso solo responde a la voluntad que se ha expresado en las urnas y los diputados no son rehenes de nadie.

El proceso en contra de José Ramón Enríquez Herrera inició en noviembre de 2017 luego de que el Partido Duranguense presentó dos quejas en las que acusó al edil de promover su imagen con recursos públicos.

Posteriormente, el organismo político presentó una tercera denuncia por promoción personalizada de su imagen.

Derivado de ello, el Tribunal determinó que sí hubo promoción personalizada y mal uso de recursos públicos por lo que dio vista al Congreso para que el pleno estableciera la sanción.
La legislatura anterior determinó imponer una sanción por 89 mil 713 pesos con seis centavos, como resultado de un proceso especial sancionador derivado de una violación al artículo 134 de la Constitución en el que se prohíbe la promoción personalizada de los servidores públicos.