El Tribunal Estatal electoral (TEE) determinó este lunes otorgar un plazo de 15 días al Partido Duranguense (PD) para acatar la resolución que le ordena emitir una nueva convocatoria para renovar la presidencia del Comité Directivo Estatal (CDE).

Esto luego de que el pasado 16 de agosto el Tribunal revocara la convocatoria emitida por el Comité debido a que los requisitos que establecía el documento eran mayores a los estipulados en los estatutos para postularse como candidato.

Además de que no se cumplía en la convocatoria con el principio de equidad de género porque no se especificaba que la fórmula debía ser integrada por una mujer en el cargo de presidenta y un hombre en la Secretaría General o viceversa.

El magistrado presidente del TEE, Raúl Montoya Zamora informó que el partido tenía un plazo de 24 horas para emitir un nuevo documento, sin embargo, argumentando que se encuentra en medio de una controversia por la pérdida del registro en la sesión del Consejo, convocada el pasado 27 de agosto se nombró a una dirigencia interina en lugar de emitir la convocatoria.

“Ellos dijeron que era en tanto hasta que el Partido Duranguense sorteara la eventual pérdida de registro, sin embargo al no haber acuerdo expreso por parte del órgano competente para que así fuera, es decir hasta que concluyeran el proceso de una eventual pérdida de registro nosotros consideramos pertinente obligarlos a que emitieran la convocatoria”, explicó.

La dirigencia interina tendrá un plazo de 15 días para emitir una convocatoria o de lo contrario el Tribunal podría echar mano de los medios de apremio como la amonestación, la multa o en su caso la privación de la libertad de los miembros de dicha dirigencia.

Ordena TEE a IEPC pago a ex trabajadores

Adicionalmente, el TEE resolvió sobre cuatro juicios laborales interpuestos por ex trabajadores del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), los cuales fueron declarados fundados por el cuerpo colegiado.

El primero, interpuesto por la ex directora de Capacitación Electoral Beatriz Reyes Ortiz, la controversia se centraba en si dicha ex funcionaria tenía derecho a disfrutar de una compensación extraordinaria que se autorizó luego de su renuncia y el Tribunal determinó que sí.

“Dado que ella se desempeñó como directora de esa área hasta el 17 de mayo, fecha en que presentó su renuncia y dado que las prestaciones son irrenunciables se consideró que era conforme a Derecho ordenar el pago de la parte proporcional de esta prestación”.

Los tres juicios restantes versaban sobre acusaciones de despido injustificado a lo cual el IEPC argumentaba que no hubo una relación laboral con los tres ex trabajadores, no obstante, el Tribunal determinó que si existió dicha relación.

“Hay jurisprudencia del Máximo Tribunal en el sentido de que la firma de un contrato de prestación de servicios profesionales y el correspondiente pago de honorarios condiciona a que necesariamente la relación sea de una naturaleza de índole laboral”, afirmó.

Fue así que se ordenó la reinstalación de Manuel Martínez Hernández, a petición propia y el pago de prestaciones laborales y seguridad Social a Carlos Yolman Sandoval Rodríguez, quien se desempeñaba como auxiliar administrativo y José Raimundo Martínez de la Cruz, quien era jefe de Departamento de la Dirección de Organización Electoral.