El consejero Presidente del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IDAIP) Héctor Carriedo Sáenz aseguró que en el marco de los seis meses que tendrán de plazo los sujetos obligados para cumplir con la Ley Genera de Transparencia se solicitará que quienes reciban capacitación sobre esta materia no sean removidos del cargo en la medida de lo posible.

“Tenemos que advertir que a la gente de transparencia por favor no la cambien, esos puestos deben de ser profesionalizados, de carrera” advirtió, aunque reconoció que sobre todo en los casos en los que se da la alternancia es muy común que la nueva administración realice cambios radicales.

El plazo para implementar la Ley de Transparencia a nivel estatal es de seis meses, en ese plazo cada uno de los sujetos obligados deberá primero estar consiente de sus obligaciones y para ello el IDAIP contempla jornadas de capacitación, sobre todo para partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y municipios rurales que son históricamente los más difíciles.

Luego cada uno de los sujetos obligados que contempla la nueva legislación deberá establecer un Comité que se encargue de clasificar la información y en ese mismo periodo deberá subirse a la Plataforma Nacional, que recién fue puesta en operación la información para que cualquier ciudadano acceda a ella desde cualquier punto de la República y a cualquier hora.

Esto supondrá la necesidad de recursos humanos y tecnológicos considerables pero si además se suma el proceso de renovación que enfrentan 12 estados en la República, Durango incluido la tarea se hace más difícil.

Es por eso que el consejero presidente del IDAIP considera necesario que los funcionarios que reciban capacitación sobre la implementación de esta nueva Ley se mantengan en el cargo para hacer más eficiente el proceso.

“También hay otra cosa, que en la entrega recepción dejen la información anterior, de todo lo que hizo el (funcionario) anterior, nada de que ya llegué y borran los portales, eso también se debe reglamentar y eso lo tenemos que ver nosotros como Instituto y el Congreso además de la Secretaría de la Contraloría”, afirmó.