El diputado Iván Soto Mendía pidió fortalecer la protección jurídica de las maestras y los maestros de Durango ante amenazas, actos de hostigamiento y acusaciones falsas, sin vulnerar los derechos de los estudiantes ni anticipar resoluciones sobre las denuncias.

A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, el legislador presentó su postura ante el Pleno y recordó que su bancada promovió una iniciativa para proteger al personal docente, directivo y administrativo ante situaciones que puedan afectar su trayectoria profesional, estabilidad laboral y entorno familiar.

Estudiantes y docentes deben contar con protección jurídica

Desde la tribuna, Soto Mendía señaló que parte del personal educativo teme llamar la atención a un estudiante, aplicar una medida disciplinaria o enfrentar un conflicto con madres y padres de familia. También habló desde su experiencia como docente.

El diputado advirtió que una acusación sin fundamento puede afectar una trayectoria de 20 o 30 años de servicio, sobre todo cuando el trabajador es separado de sus funciones, cambiado de escuela o exhibido públicamente y las investigaciones posteriores no acreditan su responsabilidad.

Soto Mendía aclaró que su propuesta no busca desestimar denuncias ni anticipar la inocencia o culpabilidad de las personas señaladas. Indicó que las autoridades competentes deben investigar cada caso conforme a derecho, sin dejar de atender las consecuencias personales, familiares y profesionales de las acusaciones que no se acreditan.

“No estoy hablando de situaciones imaginarias. Son hechos que han ocurrido en Durango y en otros estados vecinos y que deberían preocuparnos a quienes tenemos la responsabilidad de legislar”, expresó.

Llama a construir una propuesta que proteja a la comunidad escolar

El legislador señaló que esta preocupación también está presente en otras entidades. Durante su intervención, mencionó iniciativas que, según expuso, fueron aprobadas en los congresos locales de Aguascalientes, Chihuahua y Guerrero para fortalecer la seguridad jurídica de las y los trabajadores de la educación.

“Proteger a nuestros estudiantes es y seguirá siendo una obligación. No son derechos que deban enfrentarse, son garantías que deben coexistir”, puntualizó.

Por ello, llamó a las comisiones legislativas responsables de analizar la iniciativa a escuchar al magisterio, las autoridades educativas, las familias y especialistas en derechos de la infancia, con el fin de construir una propuesta que proteja a todos los integrantes de la comunidad escolar.