El secretario general del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Lazalde Ramos exigió este lunes que el gobierno del estado, a través de su Entidad de Auditoría Estatal inicie una investigación formal sobre los bienes del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJDGO), Apolonio Betancourt Ruiz.

“Estamos cansados de ver actos de corrupción e impunidad desde el ejercicio del poder público en los que de la noche a la mañana vemos enriquecerse de manera ilegal e inexplicable a nuestros principales servidores públicos”.

Por esta razón dijo, el PRD buscará impulsar las acciones necesarias para que se revise la procedencia de los bienes del magistrado presidente del Tribunal a quien se le atribuye la propiedad de varios inmuebles cuyo valor asciende a más de 11 millones de pesos.

Además de la denuncia a través de redes sociales que le atribuye a su hijo la propiedad de un vehículo deportivo con valor de un millón de pesos, un señalamiento que el propio magistrado negó al afirmar que dicho vehículo no es propiedad de su hijo y que quien lo afirme tendrá que probarlo.

Sin embargo, el Comité Directivo del PRD considera necesario “transparentar el salario de Apolonio Betancourt para determinar en base a sus declaraciones patrimoniales la legalidad de sus ingresos y propiedades como presidente del Poder Judicial del estado de Durango”.

Mientras dicha investigación se lleva a cabo, el secretario general del PRD le solicitó al magistrado presidente del Tribunal, que al igual que lo hiciera el ex delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Javier Hernández Flores, se separe del cargo, mediante una licencia temporal mientras duran las investigaciones.

Lazalde Ramos aceptó que la solicitud de una investigación a nivel estatal de un funcionario de esta administración no genera confianza, sin embargo dijo el cambio de gobierno que sucederá en un poco más de un mes dará la oportunidad de abrir nuevos canales de comunicación.

Además de la investigación al patrimonio de Apolonio Betancourt, el perredista no descartó la posibilidad de que surjan nuevos casos de servidores públicos que a petición de la ciudadanía sean investigados y puso como ejemplo la administración municipal de Guadalupe Victoria en donde funcionarios públicos presuntamente se adjudicaron viviendas a través de un programa estatal.