El presidente del Consejo de Jóvenes Empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Alberto Guerrero aseguró que el objetivo de la iniciativa ciudadana que integra la Ley de Responsabilidades Administrativas, mejor conocida como Ley Tres de Tres es que haya certeza de la buena actuación de los funcionarios y servidores públicos.

Aseguró que todos los ámbitos deben ser fiscalizados, no es algo que solo concierna a la función pública y en esa medida no es válido que los legisladores que integran el Congreso de la Unión argumenten que no debe hacerse pública la información para evitar convertirse en víctimas del crimen organizado.

Reconoció que existe un riesgo ante el hecho de que esta información se haga pública pero dijo, la clave será buscar mecanismos para proteger a los dueños de esos datos y no de que las condiciones de opacidad se mantengan como hasta ahora.

“Buscamos que la transparencia no sobrepase filtros y que a la hora de hacer ciertas declaraciones se tenga la certeza de que va a ser privada y que la información no va a estar expuesta a cualquier tipo de medio”, señaló.

Sin embargo dijo, el ser personas públicas, refiriéndose a políticos, funcionarios y servidores, tiene un precio y será una obligación que rindan cuentas a quienes los colocaron en esa posición ya que no es válido que se escuden en la presunta violación a sus Derechos Humanos para no transparentar sus acciones.

Aseguró que en un momento en el que se busca promover la participación ciudadana o que la gente salga a votar la decisión de los senadores de la República de no incluir esta iniciativa en las discusiones sobre la Ley de Transparencia consigue el efecto contrario ya que crean la percepción de que la voz de los ciudadanos no importa.