Ante el aumento de los delitos de menores de edad en la capital y distintas regiones del estado, el Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso local anunció que impulsará reformas al marco legal nacional para atender con mayor eficacia esta problemática que ha encendido las alertas en la sociedad.

La diputada Rocío Rebollo Mendoza advirtió que los recientes casos, tanto en Durango como en otras entidades del país, ya no pueden considerarse hechos aislados, sino parte de una tendencia creciente que refleja una fractura social profunda. Señaló que la participación de adolescentes en delitos de alto impacto, como homicidios, evidencia la necesidad de revisar y fortalecer el sistema de justicia.

Proponen ajustes al marco legal

La legisladora destacó que, de acuerdo con cifras del INEGI, en 2023 se registraron más de 32 mil adolescentes imputados por delitos en México, lo que representa un incremento superior al 40% en los últimos años. Esta situación también ha tenido repercusión en Durango, donde algunos casos recientes han generado preocupación por la gravedad de las conductas y la edad de los involucrados.

“Lo que estamos viendo en Durango no es menor. Son jóvenes que están siendo absorbidos por entornos de violencia y estructuras delictivas, y un sistema legal que hoy no está respondiendo con la proporcionalidad que la realidad exige”, afirmó Rocío Rebollo.

Ante este panorama, el PRI plantea reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, con el objetivo de dotar al Estado de mayores herramientas jurídicas frente a los delitos de menores de edad, especialmente en casos de alto impacto.

Buscan equilibrio entre justicia y derechos

Rocío Rebollo subrayó que la propuesta no pretende criminalizar a la juventud, sino actualizar el sistema de justicia conforme a la realidad actual, manteniendo un enfoque garantista y el respeto a los derechos humanos. Indicó que uno de los principales retos es evitar que la edad se perciba como un factor de impunidad ante delitos graves.

“El objetivo es claro: proteger a las y los adolescentes, pero también garantizar justicia para las víctimas. La reinserción social sigue siendo fundamental, pero no puede estar desvinculada de la gravedad de los hechos”, puntualizó.

Finalmente, la legisladora reiteró que Durango debe actuar con responsabilidad ante este fenómeno nacional, fortaleciendo las instituciones y promoviendo acciones que contribuyan tanto a la prevención como a la atención efectiva de los delitos de menores de edad.