La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Sandra Amaya Rosales, presentó una iniciativa para establecer pruebas antidoping obligatorias, periódicas y aleatorias a los integrantes de las instituciones de seguridad pública del estado, como parte de una estrategia para fortalecer los controles institucionales y la confianza ciudadana.

La propuesta contempla reformas a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con el propósito de garantizar que los elementos policiales desempeñen sus funciones sin estar bajo los efectos de sustancias que puedan alterar sus capacidades físicas o mentales.

“La confianza ciudadana no se construye únicamente con más patrullas, más equipamiento o más elementos en las calles. También se construye estableciendo reglas claras y fortaleciendo los controles institucionales. No se trata de desconfiar de nuestras corporaciones; se trata de fortalecerlas”, expresó la legisladora durante su intervención en tribuna.

Antidoping obligatorio para fortalecer los controles policiales

Sandra Amaya señaló que el consumo de sustancias psicotrópicas, estupefacientes o aquellas que produzcan efectos similares puede representar un riesgo para los propios elementos, sus compañeros y, principalmente, para la sociedad.

Como parte de los argumentos de la iniciativa, mencionó que estados como Nuevo León y Zacatecas ya contemplan evaluaciones toxicológicas para sus elementos policiales. También recordó las acciones realizadas en Gómez Palacio, donde en mayo de 2026 se promovieron pruebas antidoping sorpresa para alrededor de 200 elementos de Tránsito y Vialidad.

Entre las modificaciones planteadas se encuentra adicionar disposiciones al artículo 85 para establecer la obligación de abstenerse de consumir sustancias que alteren las capacidades físicas o mentales, contemplando las excepciones correspondientes para medicamentos legalmente prescritos por profesionales de la salud.

Asimismo, se propone que los integrantes de las corporaciones se sometan a evaluaciones toxicológicas obligatorias, periódicas y aleatorias, conforme a los criterios establecidos por las autoridades competentes.

Iniciativa contempla garantías jurídicas para los elementos

La legisladora enfatizó que la propuesta no busca criminalizar, estigmatizar ni perseguir a los integrantes de las corporaciones policiales, sino dignificar su labor, fortalecer la disciplina institucional y generar mayor confianza entre las autoridades y la ciudadanía.

Precisó que las evaluaciones deberán realizarse bajo criterios técnicos y garantías jurídicas, por lo que cualquier resultado positivo preliminar tendrá que confirmarse mediante los procedimientos analíticos correspondientes.

Además, la iniciativa contempla proteger los datos personales de los elementos, considerar el uso de medicamentos prescritos legalmente y garantizar el derecho de audiencia y el debido proceso.

Con esta propuesta, Sandra Amaya busca establecer un esquema de supervisión toxicológica para las instituciones de seguridad pública de Durango, con reglas claras que contribuyan al adecuado desempeño de sus integrantes y al fortalecimiento de la confianza ciudadana.