Ante la ola de ataques de los que eran objeto los abogados en el estado, tomaron la decisión de no asumir defensas jurídicas de personas acusadas de narcomenudeo o secuestro, informó la presidenta de la Asociación de Abogados Litigantes, Maria de Jesús Galarza Flores.

“Todo lo que aconteció en años pasados nos hizo ser un poco más cuidadosos, la mayoría de los abogados no tomamos asuntos de narcomenudeo, por ejemplo, sabemos que ahí puede haber algún tipo de problema y que podemos poner en riesgo nuestra integridad física, nos hemos hecho por seguridad más selectivos para aceptar trabajo”.

Esta medida, aunque encaminada a proteger la seguridad del gremio también ha significado la pérdida de oportunidades a nivel laboral y se vulnera su derecho de ejercer su profesión de manera libre por la autocensura para aceptar defensas en temas que consideran delicados.

A pesar de que esto significa un incremento en la carga de trabajo para los el área de Defensoría Pública que están obligada a garantizar que cualquier acusado tenga acceso a una defensa de su caso, el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) no incrementó el número de defensores públicos disponibles para cada una de las áreas del derecho.

Adán Cuitláhuac Martínez Salas, secretario general del Tribunal Superior explicó que los esfuerzos del poderJudicial para garantizar la defensa de los acusados se han centrado en la capacitación de los defensores en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio.

“Tiene una peculiaridad el sistema, no cualquier persona tiene el dominio sobre este tema, hay que tener mucho cuidado al momento de ingresar al sistema penal, puesto que tienen que tener conocimientos en materia del Código Nacional de Procedimientos Penales”.

La profesionalización es algo inherente del poder Judicial y de aquellos que ejercen su función y para los defensores el principal incentivo para no abandonar el servicio público es la capacitación, afirmó.