Documentos de la Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de Raúl Cervantes Andrade indican que al menos 36 agentes de la dependencia federal han sido reportados como desaparecidos de 2007 a enero del presente año, en ocho entidades del país y entre las que se encuentra Durango.

En lo reportes afirman que la última vez que fueron vistos con vida fue en los estados de Michoacán, Tamaulipas, Durango, Guerrero, Nuevo León, Ciudad de México, Sinaloa y Colima.

El personal reportado como desaparecido laboraba en la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención y Servicios a la Comunidad, en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), así como en la Policía Federal Ministerial, que está adscrita a la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Entre los efectivos de los que se desconoce su paradero se encuentran agentes categoría “C” y federales de investigación, policías federales ministeriales, peritos, investigadores, agentes del Ministerios Público y un técnico superior.

Algunos de los elementos de los que no se tiene huella de su paradero realizaban trabajos de investigación en contra de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, la trata de personas o el secuestro.

Sin respaldo jurídico

La PGR no cuenta con una medida complementaria de seguridad social en beneficio de su personal sobre el que exista la presunción de que fueron privados de la libertad en ejercicio o con motivo de sus funciones, que garantice cualquier tipo de ayuda a sus familiares.

En contraste, desde 2012, la Policía Federal (PF), que depende de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) cuyo titular es Renato Sales Heredia, cuenta con una norma en la que se especifica cuándo un elemento es considerado como desaparecido, así como el apoyo que deberán obtener los familiares, en caso de que el Consejo Federal de Desarrollo Policial, mediante un dictamen que declare que la desaparición fue producto de las labores que efectuaba como integrante de la institución.