A la fecha el 99 por ciento de los servidores públicos que entraron en funciones el pasado 31 de agosto, en el caso de las administraciones municipales y 15 de agosto, si hablamos de la administración estatal ya han presentado sus declaraciones patrimoniales, sin embargo ninguno de ellos ha decidido hacerla pública.

El titular de la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE), Luis Arturo Villarreal Morales informó que en el caso de los funcionarios que terminaron su encargo en esas mismas fechas la ley contempla un plazo de 30 días para presentar dicha información, para los que inician el periodo de gracia es de 60 días.

En general son alrededor de tres mil 617 los funcionarios obligados a presentar su declaración patrimonial ante la EASE, de ellos solo un tres por ciento, que equivale a poco más de 100 funcionarios públicos no presentó su información a tiempo.

Esto provocó que la Entidad emitiera un requerimiento a dichos servidores públicos y que al no encontrar respuesta, impusiera sanciones económicas por hasta 100 salarios mínimos, equivalentes a siete mil pesos, a alrededor de 50 servidores públicos “la gente que no presenta su declaración es la gente que gana menos, es gente de los municipios que gana cuatro mil pesos”, reconoció.

Los servidores públicos que iniciaron sus funciones con el cambio de las administraciones municipales y estatal han presentado casi en su totalidad su declaración, sin embargo al ser cuestionado sobre cuántos de ellos han determinado hacer pública la información contenida en dicha declaración el titular de la EASE fue enfático al afirmar que ninguno.

“Nadie, ellos si quieren hacerlo hay plataformas donde se puede dar a conocer pero prácticamente nosotros estamos imposibilitados para darles a conocer, es de cada uno”, agregó.

La ley de Responsabilidades Administrativas, que se aprobó en junio pasado en el Congreso de la Unión, establecía en el artículo 29 un total de 17 campos de información para identificar conflictos de interés y proponía hacer pública la información fiscal de los funcionarios, sin embargo en la propuesta aprobada dichas disposiciones fueron suprimidas y se dejó como una decisión particular de cada servidor el hacerla pública.