La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Sandra Amaya Rosales, presentó una iniciativa para expedir la nueva Ley de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y en la Investigación de la Tortura del Estado, con el propósito de fortalecer la capacidad operativa, técnica y humana de esta institución.

La legisladora explicó que la propuesta busca consolidar una fiscalía más eficiente, con mayores herramientas para enfrentar delitos relacionados con la corrupción y la tortura, además de garantizar resultados, transparencia y rendición de cuentas ante la ciudadanía.

“La autonomía institucional no es un cheque en blanco; es una responsabilidad frente al pueblo”, expresó Amaya Rosales al señalar que esta fiscalía desempeña un papel clave en la construcción de un Estado democrático, justo y comprometido con el combate frontal a la corrupción.

Nueva ley para fortalecer combate a la corrupción y tortura

Durante su intervención, la diputada destacó que los principios que inspiran esta propuesta están alineados con el proyecto nacional encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y con los postulados de la Cuarta Transformación de la vida pública de México.

En ese sentido, afirmó que el combate a la corrupción no debe quedarse en discursos políticos, sino traducirse en acciones concretas que permitan consolidar instituciones más transparentes y responsables.

“El combate a la corrupción no es una consigna ni un discurso político; es una obligación moral, ética y constitucional”, sostuvo.

Tortura y corrupción, delitos que deben erradicarse

Sandra Amaya Rosales recordó que en 2024 el Congreso del Estado amplió las atribuciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, otorgándole facultades para investigar y perseguir delitos relacionados con la tortura, así como otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Explicó que la tortura representa una grave violación a los derechos humanos y que, históricamente, ha sido utilizada como un mecanismo para encubrir redes de corrupción o incluso fabricar culpables dentro de procesos judiciales.

“Combatir la tortura implica también romper con los pactos de impunidad que durante años protegieron a quienes abusaron del poder”, subrayó.

Finalmente, la legisladora señaló que la efectividad de la fiscalía no debe medirse únicamente por el número de carpetas de investigación o sentencias emitidas, sino también por la recuperación de bienes y recursos públicos desviados por actos de corrupción, lo que permitirá fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.