El presidente en Durango de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Alejandro de la Peña López aseguró que los actos de corrupción deben castigarse sin importar quién sea el responsable de la comisión del delito.

“No importan nombres, hay que quitarnos de nombres sino ver los hechos y condenar los hechos, como sociedad vamos a exigir que haya límites y se llegue a una sentencia siempre y cuando se haga una investigación correspondiente”, afirmó.

Esto luego de que el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Javier Hernández Flores fuera acusado por un ex colaborador de almacenar alimentos y materiales en una bodega, los cuales serían utilizados presuntamente con fines electorales en el pasado proceso.

La acusación también incluía presuntos malos manejos en el programa de Empleo Temporal que opera Sedesol en Durango, razón por la cual desde el pasado miércoles Javier Hernández se separó del cargo a fin de que haya una investigación al respecto.

Al respecto el empresario local aseguró que en el estado las malas prácticas de funcionarios y servidores públicos se han vuelto una constante y una muestra del hartazgo social fue la votación del pasado cinco de junio que luego de 80 años de gobiernos priistas se decidió apoyar un proyecto de otro partido político.

“Por eso se pierde el poder en el estado, por este tipo de prácticas que se hacían dentro de muchas dependencias y no es la única que se tiene que estar vigilando, creo que debe profundizarse y estar checando las demás dependencias y hacerles auditoría”, afirmó.

En Durango el sector empresarial ha sido uno de los más activos en la promoción de iniciativas que se conviertan en leyes que combatan no solo la corrupción sino también la impunidad y en el caso del escándalo que desató la existencia de este almacén, el empresario consideró positivo que se conozca de su existencia porque este es el primer paso para resolver el problema, aseguró.