El magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral (TEE), Raúl Montoya Zamora aseguró que si bien la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Superior de la Federación (TEPJF) determinó revocar la sanción impuesta a cuatro miembros del consejo General del Instituto Electoral y de Participación ciudadana (IEPC) la sentencia no se pronuncia sobre las irregularidades en que incurrió el Consejo.

Es decir, la Sala Superior determinó que el TEE no está facultado para sancionar a los miembros del Consejo puesto que esto es facultad del Instituto Nacional Electoral (INE), pero no se pronunció en contra de las irregularidades anotadas en el proyecto del TEE en las que incurrieron los cuatro integrantes, incluido Juan Enrique Kato Rodríguez, consejero presidente y a quien se le impuso una sanción económica.

En el caso de los consejeros Fernando de Jesús Román Quiñones, Mirza Mayela Ramíez Ramírez y esmeralda Valles López la sanción consistió en una amonestación pública, la cual fue impugnada ante la Sala Superior del TEPJF, quien decide revocarlas.

“Nosotros cuando actuamos lo hicimos sobre un precedente dictado por la propia Sala Superior de Tribunal Electoral en el juicio de revisión 36 del presente año en donde ellos impusieron por la simple violación del principio de legalidad una amonestación pública a todo el Consejo General, nosotros amparados en este criterio y al contar con una disposición similar decidimos que era lo más correcto” afirmó el magistrado.

Añadió que la Sala Superior ya le dio vista del caso de Durango al INE y será el Consejo General de este organismo electoral quien determine la sanción para los cuatro consejeros que eventualmente podría derivar en la remoción de los funcionarios, dependiendo de la gravedad de sus acciones.

El caso que originó la impugnación ante el TEE en primera instancia fue presentado por el Partido Duranguense (PD) quien se inconformó por la integración del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Preliminares (Prep), en el cual se acreditó que hubo irregularidades como por ejemplo que la sesión de integración no se hizo pública.

Fue entonces cuando el Tribunal determinó imponer una sanción económica al consejero presidente del IEPC y una amonestación pública a tres de los consejeros, quienes impugnaron ante la Sala Superior.