La sentencia de un Tribunal Agrario, que obliga al Ejido La Sierrita en el municipio de Tlahualilo a pagar cinco millones 600 mil pesos a la empresa minera de origen canadiense Excellon de México SA de CV a cambio de que se regresen las siete mil 100 hectáreas que se habían concesionado sienta un mal precedente porque es prácticamente un embargo, acusó el presidente del Comisariado Ejidal Juan Daniel Pacheco Álvarez.

El conflicto entre los 127 ejidatarios de la Sierrita y la empresa minera empezó en septiembre de 2012 debido a que la empresa incumplía prácticamente todas las cláusulas del contrato y por ello los ejidatarios optaron por solicitar que se rescindiera el contrato, firmado a tres años.

Acusan que la empresa no respetaba la prohibición de no explorar en territorios más allá de los concesionados, no permitió que la cooperativa ejidal, creada para el transporte del mineral trabajara a la par de la empresa y entregaron dicha actividad a los tráileres de un primo del gerente.

Tampoco cumplió Excellon con la instalación de lo que al inicio se planteó como una planta tratadora de agua y que en realidad era la garantía de que el agua que se utiliza en la mina sería tratada con un elemento bioquímico que permitiera reutilizarla para riego. El agua se vende actualmente a empresarios locales, incluida la empresa lechera Lala y los ejidatarios no pueden disponer del líquido.

El empleo para los ejidatarios y sus familias en la mina se ha condicionado, por ejemplo las mujeres embarazadas no pueden obtener un empleo y en 2012 fueron despedidos 50 hombres con el pretexto de que pretendían crear un sindicato.

Por el incumplimiento de la creación de una planta tratadora, el Tribunal Agrario impuso una multa a la empresa por cinco millones 500 mil pesos, esto significa que los ejidatarios tendrían que pagar solo 100 mil pesos a Excellon para recuperar sus siete mil 100 hectáreas, pero el presidente del Comisariado señala que han promovido una amparo por las irregularidades en el proceso.

Apunta que pagar esta cantidad equivaldría a aceptar que las tierras ejidales pueden ser susceptibles de un embargo, ahora están a la espera ambas partes de que se resuelva la promoción de amparos, debido que la empresa también se inconformó por la multa de cinco millones de pesos.

Los ejidatarios han solicitado una audiencia con el gobernador del estado, José Rosas Aispuro Torres para exponer el caso , con el entendido de que fue el ex gobernador Jorge Herrera Caldera uno de los operadores a favor de la empresa canadiense, sin embargo no ha habido respuesta.