La implementación del Sistema Local Anticorrupción (SLA) en Durango, enfrenta diversos retos: lo administrativo, económico y político, por tal motivo será hasta que se resuelvan esas circunstancias que se convierta en el mecanismo eficiente de combate a la corrupción.

Al hablar del conflicto económico, es que la integración administrativa es un proceso que avanza lento, prueba de ello es que apenas el pasado 11 de septiembre se designó a Martín González Bringas como secretario técnico del SLA, con lo cual podrán disponer apenas del recurso que el Congreso del Estado previó para la creación de dicho mecanismo.

Admeás, el 18 de septiembre pasado, el secretario de Finanzas y Administración, Jesús Arturo Díaz Medina, informó que el Consejo General del SLA solicitó ocho millones de pesos de la bolsa de previsiones económicas que el Congreso etiquetó en la Ley de Egresos 2017 para poner en marcha el sistema.

Al comparar esa cantidad, resulta menor a la que el diputado local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Gerardo Villarreal Solís, solicitó para que la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente, que depende de esa misma bolsa de previsiones económicas, cuyo total es de 55 millones de pesos, inicie sus operaciones.

Según dijo el legislador, dicha nueva dependencia necesitará 12 millones de pesos, es decir cuatro millones más que todo el SLA, que contempla la creación de una Fiscalía Especializada y la contratación de agentes del Ministerio Público (MP).

Reto político, el “Talón de Aquiles”

Sobre la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, el estira y afloja no solo se ha presentado a nivel federal, pues en Durango la historia no ha sido diferente pese al discurso del gobernador José Rosas Aispuro Torres y del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), presidida por el priista Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, quienes han aseverado que no se involucrán intereses particulares.

En las modificiaciones legales para la creación del sistema, quedó establecido que sería el Ejecutivo estatal, quien enviaría la propuesta para el titular de la Fiscalía Anticorrupción y la propuesta sería ratificada por el Congreso.

Como candado, se estableció que el gobernador puede enviar solo dos propuestas, en caso de que la primera sea rechazada puede hacer una segunda.

Pero, si la segunda opción tampoco es ratificada por las dos terceras partes de los diputados, entonces será el propio Congreso quien emita la propuesta y en su caso la ratifique en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción.

El 18 de julio, día en que entraba en vigor el sistema en todos los estados del país, se votó en el Congreso la propuesta de que Héctor García Rodríguez se convirtiera en el primer fiscal anticorrupción en la historia de Durango.

Con el argumento de que Rosas Aispuro eligió al candidato de forma unilateral sin el consenso de la sociedad a quien prometió tomar opinión, la Comisión de Gobernación votó en contra de la propuesta, tras la afirmación del diputado priista Luis Enrique Benítez Ojeda, que no le parecía el método de elección.

Benítez Ojeda denunció que la propuesta del gobernador llegó al Congreso con fecha del 15 de julio y la reunión con representantes de organizaciones civiles se hizo hasta el 17, lo que representa un engaño para los duranguenses porque la decisión estaba tomada.

En el pleno, el dictamen no encontró el apoyo de las dos terceras partes de los 25 miembros del poder Legislativo, faltó un voto y fue el de la diputada panista Gina Campuzano que ese día pese a la importancia de los temas a tratar en la sesión no se presentó.

A partir de entonces no han sido pocos quienes han afirmado que la ausencia de un fiscal no significa que el SLA no pueda operar porque la Fiscalía General del Estado (FGE) puede encargarse de cualquier denuncia.

Entonces, si no era necesaria la existencia de un fiscal único para los actos de corrupción entonces para qué crear esta figura y darle facultades para la integración de un equipo que se encargue de manera exclusiva de los delitos relacionados.

El SLA, que no debía estar a merced de intereses políticos, está ahora a la espera de que el gobernador negocie con los miembros del poder Legislativo la segunda y última propuesta de un candidato a fiscal que complete el cuadro del combate a la corrupción en el.

Hicieron reformas a medias

Para el vocero del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Durango, Jesús Iván Ramírez Maldonado, el SNA forma parte de un paquete demagógico integrado por varias propuestas emocionales entre las que se incluyen la desaparición del fuero a servidores públicos y la disminución de presupuesto a partidos políticos.

Su cuestionamiento al sistema, es que existe un lado oscuro que nadie ha mencionado, “se hicieron 14 reformas, entre constitucionales, leyes locales y leyes nacionales, pero no se reformó el artículo 13 constitucional (…), cómo vas a juzgar con el mismo Código Penal a quien ha saqueado un estado y se ha robado millones de pesos que quien se robó un kilo de jamón y un litro de leche”, aseveró el militante del partido izquierdista.

Dicho artículo, informó, establece que nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales y que ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos, es decir salarios, que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley.

Para hablar de un combate efectivo a la corrupción en México, a decir del vocero de Morena, deben crearse tribunales especializados y hacer modificaciones al artículo antes mencionado y eso no ha sucedido.

El Semáforo Anticorrupción, creado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), critica que Durango no haya creado un Comité Coordinador, como lo establece el sistema en la reforma a nivel nacional.

Sobre el nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, se establecieron algunos filtros que involucran al Congreso, pero la decisión se deja de manera fundamental al titular del Ejecutivo estatal, lo que se ha convertido en un “Talón de Aquiles” a nivel local.

En cuanto a la implementación, el semáforo de Imco destaca que no se integra el SLA de manera adecuada y se critica la creación de un sistema de información demasiado complejo, el cual se convierte en un lastre para el Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Por su parte, el presidente del Consejo General del Sistema Local, Mauricio Fernández Godínez, reconoció que hay un largo trecho que recorrer antes de que el sistema pueda emitir alguna resolución o integrar alguna carpeta.

Basta con el hecho de que a nivel municipal se requieren personas capacitadas en el combate a la corrupción y recurso para que en cada uno de los 39 ayuntamientos tenga un órgano de Control Interno que pueda coordinarse con el sistema estatal.

Esto suena más fácil de lo que en verdad es, puesto que debe considerarse que financieramente los alcaldes apenas pueden hacer frente al gasto corriente de sus administraciones y si hablamos de voluntad para el uso responsable de los recursos no se torna una prioridad, puesto que en la revisión de las cuentas públicas la mayoría de los municipios enfrentan observaciones por parte del Congreso local y la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE).

Origenes del SLA

El SLA entró en vigor en esta entidad el pasado 18 de julio, luego que a nivel nacional el 21 de abril de 2015, el Senado de la República aprobara con 97 votos a favor la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que ayude a disminuir los 1.5 billones de pesos que se pierden anualmente entre “moches” y “mordidas”.

La propuesta de un mecanismo que combata la corrupción en el país, poviene de la crisis de gobernabilidad que provocó la desaparición, el 26 de septiembre de 2014, de 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ubicada en Iguala, Guerrero y la publicación de un reportaje denominado La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto en la que se daba cuenta de un presunto conflicto de interés entre la Constructora Higa y el Gobierno federal.

Para el 20 de octubre de 2014, el Partido Acción Nacional (PAN), ya con miras en 2018, propuso la creación de un sistema formado por un Consejo Nacional y un Consejo Ciudadano en el que además se fortalecieran las facultades de la Secretaría de la Función Pública (SFC) y se crearan dos órganos para auditar los recursos públicos.

Con modificaciones, pero ya como Sistema Nacional se aprobó el 21 de abril de 2015, sin embargo la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción se aprobó hasta el 15 de junio de 2016, dos años de trabajo legislativo se establecieron para que todas las autoridades que de alguna manera formen parte del combate a la corrupción en México formarán parte del SNA.

A nivel nacional, igual que sucede en el ámbito local, el Sistema está presidido por un miembro del Comité de Participación Ciudadana, el cual está conformado enteramente por personas de la sociedad civil.

Se creó un Sistema Nacional de Fiscalización, que tiene espejos en todas las entidades de la República y el cual tendrá un listado de todos los servidores que intervienen en los procesos de licitación y asignación de obra, así como de contrataciones.

En la Ley General del SNA se contempla además la creación de una Secretaría Ejecutiva, encargada del ámbito administrativo del Sistema y la integración de un Comité de Coordinación que permita la regulación de los organismos anticorrupción a nivel local.

La joya de la corona fue la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción que tiene facultad para ejercer al menos 20 funciones para investigar actos de corrupción en México.

Entre las funciones, están solicitar información de cualquier índole a autoridades de los tres niveles de gobierno en el ámbito nacional e incluso a nivel internacional. Solicitar información a entidades económicas, ejercer la facultad de atracción derivadas de posibles actos de corrupción, solicitar medidas precautorias a un juez y formular acusaciones.