Gómez Palacio, Durango.- Hoy se envía un claro mensaje de certeza electoral a todas y todos los ciudadanos no solo de Baja California, sino del país, donde se respetará la decisión de la sociedad al emitir su voto libre en las subsecuentes elecciones que convoquen los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), manifestó el diputado local, Pablo César Aguilar Palacio.

Lo anterior tras la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se invalida por unanimidad la “Ley Bonilla”, a través de la cual el Congreso del Estado de Baja California ampliaba de mutuo propio el periodo del actual Gobernador de dos a cinco años.

El diputado reiteró que desde que conoció la promulgación de la “Ley Bonilla”, para él fue claramente anticonstitucional, al referir que no se puede pisotear la voluntad popular de quienes acudieron a emitir su voto hace un año, a sabiendas de que quien ganará la gubernatura, sería por un periodo de dos años y no por cinco como lo intento hacer el Congreso de esa entidad.

Aguilar Palacio puntualizó que la famosa “Ley Bonilla” no debió ni siquiera pasar al Pleno del Congreso de Baja California, ya que estaba viciada de origen y contravenía los más elementales principios democráticos, “fue una violación a la voluntad de la ciudadanía de Baja California”, subrayó

Se dijo satisfecho con la resolución de la SCJN, ya que nadie puede estar por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por otra parte, Pablo César, quien pertenece al grupo parlamentario del Partido de Movimiento de Renovación Nacional (Morena) en el Congreso de Durango, dijo que en el ámbito local analizan la iniciativa presentada a fin de hacer modificaciones a la Constitución Política del Estado de Durango y “empatar” la elección de gobernador con la del Presidente de la República.

Ello, explicó, implica que el periodo del próximo gobernador de Durango sea de 2022 al 2024, únicamente duraría dos años, o bien, como propuesta alterna, se estudia la posibilidad de que el periodo sea de cinco años y “empatar” la elección del gobernador con las elecciones intermedias de 2027.

Lo anterior, con la finalidad de optimizar los recursos económicos que se emplean en la organización de las elecciones, puntualizó.