Demandan a taxistas que portaban placas falsas

Gómez Palacio, Dgo.- Por presuntos delitos de corrupción, cometidos por transportistas y funcionarios estatales de La Laguna, el Gobierno del Estado inició un procedimiento legal en su contra, reveló el secretario general de Gobierno, Adrián Alanís Quiñonez, quien afirmó que se actuará con todo el peso de la ley. El juicio penal comenzó luego de […]

05/09/2018

Gómez Palacio, Dgo.- Por presuntos delitos de corrupción, cometidos por transportistas y funcionarios estatales de La Laguna, el Gobierno del Estado inició un procedimiento legal en su contra, reveló el secretario general de Gobierno, Adrián Alanís Quiñonez, quien afirmó que se actuará con todo el peso de la ley.

El juicio penal comenzó luego de que la semana pasada el Sindicato Alianza de Gómez Palacio, denunció que la Dirección de Transportes en la región les quitó “ilegalmente” dos juegos de placas, láminas que según los transportistas fueron adquiridas de manera legal.

Sin embargo, Alanís Quiñonez acotó que “las placas que se adquieren en determinado momento, por corrupción, de una manera irregular, que no tienen las concesiones que solo pueden firmar el señor gobernador y un servidor, aunque vayan en forma corrupta y paguen y les acepte algún cajero el pago, eso no quiere decir que tienen derecho a ese tipo de concesiones. Están en el Ministerio Público y se va hasta las últimas consecuencias”, advirtió.

El funcionario estatal reveló que esos dos juegos de placas se detectaron mediante un operativo en conjunto con el Mando Especial Laguna, Policía Federal, municipal y los inspectores de transportes, además reconoció que hay cientos de juegos utilizadas de manera irregular, por lo que serán confiscadas.

También afirmó que serán consignados todos aquellos transportistas que hayan adquirido ese tipo de placas, “no podemos permitir la corrupción”, sentenció.

Admitió que algunas de esas placas se entregaron en la pasada administración estatal, pero otras fueron este año, afirmando por ende que seguirán con las investigaciones para confirmar el número de láminas irregulares y en su caso fincar responsabilidades legales contra quienes resulten responsables.


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